Por cuarta ocasión, una mayoría ciudadana se manifestó en las calles para exigir, de forma unánime, la continuidad del financiamiento a la educación superior y un replanteo de las prioridades gubernamentales.
Dentro de ese cambio de prioridades se encuentra la necesidad de modificar el rumbo de políticas que excluyen a millones de argentinos del sistema. El giro que una mayoría creciente reclama implica modificar el sujeto del ajuste.
Hasta el momento, dicho ajuste ha incrementado millonariamente las arcas del gobierno nacional, mientras que, en paralelo, empobrece a millones de ciudadanos como consecuencia, entre otros factores, de la desindustrialización intencionada. También ha mejorado las cuentas estatales el incumplimiento deliberado de las políticas de financiamiento educativo, no solo a nivel universitario, sino también en los niveles primario y secundario, áreas bajo responsabilidad del Estado nacional.
En este contexto, los gremios docentes de la CGT intimaron a la ministra Sandra Pettovello a convocar a paritaria. Sergio Romero, secretario general de UDA, declaró a Infobae: “Tenemos salarios de indigencia, estancados hace más de un año en $500 mil, y el Gobierno sigue recortando el presupuesto educativo. Si no atienden esta solicitud, entraremos en una etapa de conflicto con medidas de acción directa”.
Se observa una madurez social que el Gobierno no posee. En las calles federales argentinas no hubo un pedido de “que se vaya”, sino de cumplir con la ley. Esto reafirma el apego a la democracia desde hace 43 años. Argentina consolidó una democracia electoral –elecciones libres, competitivas, sin proscripciones–, lo cual garantiza la continuidad del sistema más allá de los intentos de innovar de Peter Thiel. Es un logro significativo y un límite firme ante cualquier otro ensayo.
Ese apego al sistema no se altera frente a las demandas sociales sobre correcciones en políticas públicas como educación, salud y empleo.
Estamos ante una brecha entre el decir social y el actuar gubernamental. La sociedad reclama un Estado presente –al menos– en temas clave como trabajo (ergo un plan industrial amplio sin restricciones), salud, educación y justicia. La contradicción reside en las miradas.
Mientras el Gobierno observa únicamente los mercados, una amplia mayoría pretende también un cambio de prioridades, reclamando ser observada y que la mirada presidencial se detenga en los daños colaterales de sus políticas.
En Rosario se reunieron intendentes de diversas procedencias políticas y geográficas (COFEIN). Manifestaron que “el federalismo no es una concesión del poder central, sino la base fundacional de nuestra Nación”.
“Mientras el poder central se refugia en la frialdad de las métricas macroeconómicas, nosotros gestionamos la urgencia diaria. Compartimos y practicamos el equilibrio fiscal, pero es ilegal e inmoral si se financia con el despojo a las provincias y municipios”, concluyeron.
El intendente anfitrión, Pablo Javkin, señaló que “el gobierno nacional, en concepto de impuesto a los combustibles, en el primer cuatrimestre del 2026 recaudó $2 billones y en ATN sin distribuir $1 billón 300 mil”. Le dijo a Infobae: “Pido en nombre de todos mis pares ser recibidos con urgencia por los legisladores nacionales para que incluyan en la agenda legislativa estos temas”.
Un dato social del municipio de Rosario: el secretario del área social, Nicolás Gianelloni, le dijo a este medio: “En el primer trimestre 2026, atendimos 3800 situaciones de personas que están o viven en la calle. La decisión política es asistirlos. Causas: primero, problemas de salud mental/adicciones; segundo, la situación económica; y tercero, problemas habitacionales por causa de despido”.
El gobierno nacional sigue atravesado por las internas. El Presidente, en un gesto difícil de entender, pasa a ser fusible de su jefe de Gabinete. Esto genera un parate virtual del Gobierno, que está en punto muerto. Pero puede, como ocurrió otras veces, reaccionar y arrancar. Mientras tanto, Patricia Bullrich avanza en su proyecto, lo consulta a Cavallo, conversa con el círculo rojo y percibe que el escenario 2027 puede resultarle más amigable que el 2023.
El peronismo aún no aparece. El ruido interno es aún más fuerte que en cualquier otro postulante.
Hoy es difícil advertir hacia dónde irán los desencantados de Milei.
Lo que queda claro es que el Gobierno no planifica ni siquiera para los sectores elegidos, ese 20% al que le va bien. Es decir, hoy Argentina no planifica ni para los elegidos ni para los desechados.
También en Rosario se reunieron los gobernadores –podríamos decir de Juntos por el Cambio– Pullaro, Cornejo, Torres y Valdés, en el Foro de Intendentes. El gobernador santafesino, en sintonía con el documento de los intendentes, señaló que el principal problema son “los recursos que se van y no vuelven”.
Estos gobernadores saben que sus PyMEs crujen al igual que la infraestructura. No obstante, hoy es principalmente la zona centro la que se pone al hombro a un país que cruje en lo social y en lo político.
Solo un ejemplo: el presidente de la UIA santafesina, Cristian Fiereder, publicó un comunicado titulado “Para qué formamos a nuestros jóvenes si les cerramos las fábricas”.
Hace 4 años, la Comisión de jóvenes de la UIA Santa Fe, con el gobierno de la provincia, impulsó Tedind-X. Más de mil estudiantes de escuelas técnicas vinculados con la innovación y la cultura del esfuerzo, formando los mejores cuadros técnicos. Hoy, la matriz económica no los demanda. Fiereder señala: “No queremos que nuestros talentos se vayan, queremos que se queden a diseñar el futuro productivo del país. Estamos convencidos de la importancia de la integración educación-industria, porque un país es plenamente soberano cuando puede producir y exportar valor agregado. Y fundamentalmente cuando cuida, por sobre todas las cosas, el trabajo de su gente”.
Concluye: “Necesitamos un Estado nacional presente, equilibrado fiscalmente y ordenado macroeconómicamente. Un Estado con visión de desarrollo y financiamiento, que piense y planifique un futuro mejor para todos los argentinos, en lugar de aplicar un plan sistemático de eliminación de la industria, la ciencia y la educación pública”.
Fuente: Infobae