Advertencias internas desde el Ministerio de Justicia
Un documento confidencial del Ministerio de Justicia, con fecha de marzo de 2025, puso en alerta al Gobierno nacional sobre presuntas irregularidades, vacíos normativos y permisividades en la implementación de la política de ‘paz total’, especialmente en los diálogos con estructuras criminales del Valle de Aburrá.
El informe, al que tuvo acceso la Revista Semana, detalla preocupaciones sobre los beneficios otorgados a miembros de organizaciones ilegales, la falta de controles y el riesgo de que los acercamientos del Ejecutivo fortalecieran a estos grupos.
Según la información divulgada por Semana, el texto fue redactado durante la gestión de Ángela María Buitrago al frente del Ministerio de Justicia. El documento menciona directamente las mesas de diálogo con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI).
El informe subraya que, en el desarrollo de la estrategia, se estaban generando escenarios contraproducentes que podían favorecer el fortalecimiento de estas organizaciones ilegales, en lugar de avanzar hacia su desmantelamiento.
Reclutamiento forzado y falta de avances institucionales
El Ministerio de Justicia alertó sobre un incremento en las prácticas de reclutamiento forzado durante las negociaciones. Según la investigación preliminar de la cartera, varias estructuras criminales habrían aumentado estas acciones para expandir su control territorial y operativo.
El documento también critica la parálisis de la Comisión Intersectorial para la Promoción de Paz, anunciada por el Gobierno de Gustavo Petro desde 2022 para designar a los voceros en las mesas de diálogo. El informe señala que, dos años después, esta comisión no había sido convocada ni conformada formalmente.
Falta de control en centros penitenciarios
El informe del Ministerio apunta a la ausencia de controles en las cárceles donde se encontraban recluidos integrantes de estas estructuras criminales. Se advierte que diversas situaciones dentro de los penales estaban afectando el desarrollo de los diálogos y generando sospechas sobre posibles privilegios para los cabecillas presos.
Estas alertas cobraron relevancia pública tras la polémica parranda vallenata de abril de 2026 en la cárcel de Itagüí, Antioquia.
En aquel evento participaron miembros de organizaciones criminales recluidos en el penal, lo que generó serios cuestionamientos sobre el control estatal en el centro carcelario.
Riesgo de restablecimiento del poder criminal
Uno de los apartes del informe advierte que ciertas solicitudes y medidas adoptadas podrían estar facilitando el restablecimiento del poderío de estas organizaciones ilegales.
“Estas solicitudes pueden generar prerrogativas a líderes o grupos de organizaciones criminales que están buscando restablecer su poderío”, señalaba el texto citado por Semana.
El Ministerio también expresó su inquietud por la manera en que se estaban conduciendo algunos acercamientos con integrantes de estructuras ilegales privados de la libertad.
Cuestionamientos a fallo de la Corte Constitucional
Otro punto crítico del informe es el manejo de la Sentencia C-523 de 2023 de la Corte Constitucional. Este fallo estableció lineamientos para adelantar acercamientos y conversaciones con estructuras criminales que demostraran voluntad de sometimiento a la justicia.
Según el documento conocido por Semana, se cuestiona el cumplimiento y la atención que el Gobierno ha dado a ese fallo en la práctica de la ‘paz total’.
Estas advertencias resurgen en un momento de crecientes críticas a la estrategia, especialmente tras hechos recientes de violencia, fortalecimiento de grupos armados y polémicas sobre beneficios a miembros de organizaciones ilegales.
La ‘paz total’ bajo la lupa
La política impulsada por el presidente Gustavo Petro ha sido objeto de intenso debate entre sectores políticos, expertos en seguridad y autoridades judiciales, quienes cuestionan los resultados obtenidos y las condiciones de negociación con los grupos ilegales.
En los últimos meses, las críticas se han intensificado al conocerse casos de privilegios en cárceles, incumplimiento de acuerdos y la continuidad de actividades criminales en diversas regiones del país.
El documento revelado por Semana ha reabierto el debate sobre los controles institucionales, el manejo de los diálogos y las garantías en los procesos que el Gobierno nacional adelanta con estructuras armadas y criminales.
Fuente: Infobae