La entrada en vigor de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (Ley SAC) a finales de 2025, diseñada para proteger a los consumidores españoles de las prácticas abusivas de llamadas comerciales, no ha logrado detener el constante bombardeo de spam telefónico. De hecho, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia que la situación ha empeorado significativamente.
Según una encuesta reciente de la OCU realizada entre personas de 25 a 94 años, el 98% de la población sigue recibiendo llamadas de spam, una cifra que refleja la escasa efectividad de la normativa hasta el momento. Además, el porcentaje de quienes reciben más de 10 llamadas comerciales al mes ha aumentado del 37% al 58% en el último año, lo que evidencia un incremento alarmante.
Medidas transitorias y registro público
La OCU señala que aún habrá que esperar el plazo de adaptación de 12 meses de la Ley para evaluar su verdadero impacto. Mientras tanto, insta a las empresas de servicios básicos —como gas, electricidad, telecomunicaciones, transporte, agua y finanzas— a comenzar a utilizar los prefijos 400 en sus llamadas comerciales, una obligación que será efectiva a partir del próximo octubre. Según fuentes de la OCU, esto “permitirá distinguir estas llamadas del resto; y rechazarlas si así se desea”.
Asimismo, la organización reclama a la Administración la creación de un registro público que identifique a las empresas que realizan llamadas comerciales. Esta herramienta facilitaría reconocer la procedencia de las llamadas y denunciar posibles abusos, un paso fundamental para que los consumidores ejerzan sus derechos.
Contratos no válidos y prohibiciones
La OCU recuerda que cualquier contrato originado por una llamada comercial no consentida se considera no válido. Además, desde el 12 de junio próximo se prohíbe la contratación telefónica del suministro eléctrico, salvo que el usuario haya solicitado expresamente la llamada o la haya iniciado. La organización espera que esta prohibición se extienda también al suministro de gas. En caso de recibir llamadas no deseadas, recomienda reclamar por escrito a la compañía, detallando fechas y el tipo de llamada.
Estrategias de defensa de los consumidores
Ante estas malas prácticas, los consumidores han desarrollado diversas estrategias. Según la encuesta de la OCU, un 45% utiliza aplicaciones o funciones del móvil que detectan posibles llamadas de spam, mientras que el 18% se apunta a la lista Robinson para excluirse de campañas publicitarias. Sin embargo, otras medidas como bloquear números (70% de los usuarios) resultan poco efectivas, ya que las empresas emplean múltiples números para sortear los bloqueos. Del mismo modo, no responder llamadas de números desconocidos (43%) tampoco garantiza protección, pues puede implicar perder comunicaciones importantes de familiares, amigos o servicios de entrega.
Más controles e inspecciones
En este contexto, la OCU exige que se garantice el derecho de los consumidores a identificar fácilmente la empresa desde la que se realiza la llamada. Esta identificación es esencial para ejercer derechos sobre la protección de datos, como el acceso, rectificación o supresión de información personal.
Finalmente, la organización insiste en que las autoridades competentes realicen controles e inspecciones, especialmente en los sectores más denunciados como energía, telecomunicaciones y finanzas, así como en los call centers que trabajan para estas empresas.
Fuente: Infobae