Este lunes arranca el juicio oral contra el ex presidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), acusado de trata agravada de personas. El caso se centra en su presunta relación con una adolescente durante su mandato y en supuestos beneficios otorgados a la familia de la menor, luego de meses de forcejeos legales y denuncias de persecución política por parte del líder cocalero.
La defensa del ex jefe de Estado informó que no comparecerá al tribunal por considerarlo “ilegal”. “El tribunal lamentablemente no está respetando estándares internacionales (…) no corresponde que se presente”, declaró el abogado Nelson Cox.
La investigación indaga la presunta vinculación de Morales con una adolescente, con quien habría tenido una hija en 2016, y a cuya familia habría favorecido con cargos públicos durante su gestión. Desde que se abrió el proceso, en septiembre de 2024, la víctima declaró a medios internacionales que reside en Argentina con su hija para evitar lo que considera una “persecución” contra su familia.
El exmandatario fue citado a declarar en dos ocasiones —octubre de 2024 y enero de 2025—, pero no asistió al alegar falta de garantías. Tras su segunda ausencia, el juez Nelson Rocabado, de la ciudad de Tarija, donde se tramita la causa, lo declaró en rebeldía y ordenó su arraigo, aprehensión y la anotación preventiva de sus bienes.
Acosado por la justicia, Morales permanece refugiado en su bastión cocalero de Cochabamba, en el centro del país, desde septiembre de 2024, custodiado día y noche por sus seguidores para evitar su captura.
El caso llega a esta instancia tras varios meses de pesquisas y disputas legales. El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, indicó que se recopilaron más de 170 pruebas contra el ex presidente y que la notificación para el inicio del juicio debió hacerse mediante edictos de prensa.
La apertura del proceso también trae a la memoria una serie de controversias que marcaron la carrera política de Morales y que estuvieron ligadas a mujeres jóvenes y demandas de paternidad.
En 1997 y 2002, Morales fue obligado a reconocer la paternidad de dos hijos —Álvaro Morales Peredo y Evaliz Morales Alvarado— en medio de denuncias de abandono y falta de pago de manutención. Aunque el reconocimiento llegó tarde, cuando los menores tenían 12 y 8 años respectivamente, el vínculo familiar parece haberse consolidado.
Años después, ya en la presidencia, se hizo pública su relación con Gabriela Zapata, una mujer que entonces era gerente de una empresa china que obtenía contratos millonarios del Estado. El caso generó enorme polémica por la contradictoria situación de un hijo que habrían tenido juntos. Inicialmente, Morales y su círculo confirmaron su existencia, pero luego aseguraron que había fallecido poco después de nacer y que el exmandatario nunca lo conoció.
En 2020, tras la caída de su gobierno, comenzaron a circular fotografías de Morales junto a una joven con la que supuestamente habría mantenido una relación cuando ella aún era adolescente y él era presidente. Las imágenes y conversaciones filtradas apuntan a un vínculo sentimental entre ambos, con una diferencia de edad de 41 años.
Las relaciones con menores —que el Código Penal boliviano aún tipifica como “estupro” y castiga con penas de dos a seis años— fueron “un secreto a voces”, según reconoció el ex presidente Luis Arce (2020-2025), quien fue ministro de Economía de Morales durante casi todo su mandato.
Ni el ex presidente ni su entorno han negado estas relaciones, pero las han rechazado sistemáticamente al argumentar que forman parte de una estrategia para inhabilitarlo políticamente. Tras conocerse la citación al juicio oral, Morales denunció ser víctima de una “brutal persecución judicial” y pidió una justicia “imparcial, honesta, objetiva y autónoma del poder político”. “No busco la impunidad”, escribió en X.
Más allá del resultado judicial, este caso reabre el debate sobre las zonas grises del poder político y los silencios cómplices que durante años rodearon las denuncias contra el ex presidente.
Fuente: Infobae