El Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia manifestó su “profundo rechazo” ante los recientes actos violentos en Colombia, en especial el denominado “juicio revolucionario” del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra funcionarios del CTI de la Fiscalía y miembros de la Fuerza Pública.
En un comunicado oficial, el organismo señaló que estas acciones constituyen una grave violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al desconocer las garantías del debido proceso y atribuir funciones judiciales a grupos armados ilegales.
El Consejo fue enfático:
“Ningún grupo armado ilegal puede atribuirse funciones de administración de justicia ni someter a civiles o servidores públicos a procedimientos por fuera del marco constitucional y legal colombiano”.
Se mencionó a los funcionarios del CTI Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo López Estrada, así como a integrantes de la Fuerza Pública que permanecen privados de la libertad desde el 8 de mayo de 2025.
El organismo exigió garantías plenas para la vida e integridad de los secuestrados y su pronta liberación, reiterando que sus funciones estaban amparadas por la Constitución y la ley. Además, hizo un llamado a todos los grupos armados ilegales para que cesen las acciones violentas contra la población civil y respeten estrictamente el Derecho Internacional Humanitario.
En la declaración, insistió en la necesidad de que el país avance hacia escenarios donde prevalezca el diálogo sobre las armas y se protejan las libertades fundamentales.
Rechazo al asesinato del periodista Mateo Pérez en Antioquia
En el mismo comunicado, el Consejo Nacional de Paz rechazó categóricamente el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido en el departamento de Antioquia, calificándolo como una grave afectación a la libertad de prensa en Colombia. El organismo señaló que este crimen vulnera directamente el derecho a la información y al ejercicio del periodismo, especialmente en zonas donde persisten actores armados ilegales.
Mateo Pérez, director del medio digital El Confidente y estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional sede Medellín, era un joven comprometido con su territorio. Según el Consejo, su labor reflejaba el esfuerzo de muchos jóvenes que trabajan en la construcción de paz desde la comunicación y la educación. El pronunciamiento advierte que la violencia contra periodistas es una amenaza directa contra la democracia y el derecho de las comunidades a estar informadas.
Solidaridad con las víctimas y llamado a la protección de la vida
El Consejo Nacional de Paz expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, sus compañeros de trabajo y las comunidades afectadas, señalando que estos hechos profundizan el miedo y la incertidumbre en los territorios. Además, reiteró el llamado al Estado para fortalecer las acciones de protección a quienes ejercen funciones públicas, liderazgo social y periodismo en zonas de alto riesgo. El organismo insistió en que ninguna forma de violencia puede ser aceptada como mecanismo de intimidación o control.
Contexto: asesinato de Mateo Pérez Rueda en el norte de Antioquia
El pronunciamiento del Consejo se da en medio de la conmoción por el asesinato de Mateo Pérez Rueda, de 24 años, hallado sin vida tras permanecer desaparecido durante cuatro días en el norte de Antioquia. El joven realizaba labores de reportería en el municipio de Briceño, donde investigaba la crítica situación de orden público en zonas rurales afectadas por grupos armados ilegales.
Su desaparición ocurrió el martes, y su cuerpo fue encontrado posteriormente tras una misión humanitaria en la que participaron la Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia Católica, debido a las difíciles condiciones de seguridad en la zona. El caso generó una amplia reacción de organizaciones de prensa y defensores de derechos humanos, que exigen garantías para el ejercicio del periodismo en regiones afectadas por el conflicto armado.
Velación y homenajes en Yarumal
Tras la entrega del cuerpo por parte de Medicina Legal en Medellín, el periodista fue trasladado a Yarumal, Antioquia, donde familiares, colegas y ciudadanos le rindieron homenaje. El parque principal del municipio se llenó de velas en señal de despedida, mientras amigos y periodistas destacaron su compromiso con la información y su interés en documentar las dinámicas del conflicto armado en el norte del departamento. Las exequias del comunicador fueron programadas en la Basílica Menor Nuestra Señora de las Mercedes en Yarumal, y su posterior sepultura en el Cementerio El Carmen.
“Juicio revolucionario” del ELN y rechazo del Gobierno
El pronunciamiento del Consejo Nacional de Paz se suma al rechazo expresado por distintos sectores del Gobierno nacional frente al denominado “juicio revolucionario” del ELN. La delegación del Gobierno en los diálogos de paz calificó estos hechos como un retroceso en los esfuerzos de negociación, insistiendo en la necesidad de liberar a los secuestrados sin condiciones. Según lo informado, los funcionarios fueron sometidos a lo que el ELN denomina “prisión revolucionaria”, figura sin reconocimiento en el ordenamiento jurídico colombiano. El anuncio ha generado preocupación en distintos sectores políticos y sociales, que advierten sobre el impacto de este tipo de acciones en los procesos de paz y en la seguridad de servidores públicos.
Fuente: Infobae