Tras una extensa audiencia de formalización que se prolongó durante toda la semana, este viernes el ex diputado Joaquín Lavín León fue enviado a prisión preventiva. La medida fue solicitada por el Ministerio Público, la Municipalidad de Maipú y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por los presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado mercantil. El perjuicio fiscal se estima en $104 millones de pesos chilenos (USD 116 mil).
Lavín Jr., conocido así desde sus tiempos en la Unión Demócrata Independiente (UDI), ocupó un escaño en la Cámara de Diputados durante tres períodos consecutivos. Es, además, el esposo de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien fue formalizada por el desfalco municipal más grande en la historia del país, estimado en USD 32 millones. Actualmente, Barriga cumple arresto domiciliario nocturno y tiene arraigo nacional, luego de entrar y salir tres veces de prisión desde que se dictó su primera preventiva en noviembre de 2024.
Los cargos contra Lavín Jr. se sustentan en la recepción de 34 facturas ideológicamente falsas entre 2015 y 2022, emitidas por la imprenta MMG, propiedad de Juan Alberto Silva, y por la empresa Modo 74 SPA, de Felipe Vásquez. Estas facturas fueron presentadas ante la Cámara de Diputados y el Servicio Electoral (Servel) como “gastos operacionales” que nunca ocurrieron.
Además, se le imputa haber obtenido bases de datos de electores desde el municipio de Maipú, uno de los más populosos de Santiago, para alimentar la aplicación SocialTazk, descrita como un “call center” político financiado con recursos públicos. Esas bases, según la investigación, eran vendidas luego a otros políticos en campaña.
El abogado y ex fiscal Emiliano Arias señaló que, aunque “no es un enriquecimiento tan grande, la máquina que se imputa es generar o invertir ingresos para potenciar su imagen (…) una campaña permanente usando la municipalidad”, en declaraciones al matinal de T13.
El juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, también decretó prisión preventiva para Arnaldo Domínguez, ex asesor del ex diputado, y fijó un plazo de 90 días para la investigación. “Atendida la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de los delitos y crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo (…) La libertad de los imputados se considera un peligro para la sociedad y se decreta a su respecto su prisión preventiva”, concluyó el magistrado.
Días antes, el empresario Juan Alberto Silva, formalizado por delitos tributarios y falsificación de documentos, había quedado bajo arresto domiciliario nocturno. En tanto, el informático Felipe Vásquez, quien reside en España, no se presentó ante el tribunal, por lo que pesa una orden de detención en su contra.
¿Quién es Joaquín Lavín Jr.?
Hijo de Joaquín Lavín Infante —ex alcalde, ex ministro, ex candidato presidencial y una de las figuras más influyentes de la derecha chilena—, Joaquín José Lavín León nació en 1979 en Santiago, segundo de siete hijos del matrimonio con la ex concejal María Estela León Ruiz, familia vinculada al Opus Dei.
Cursó estudios en dos de los colegios más costosos del país y se graduó como Ingeniero Comercial en la Universidad de Los Andes (privada). Su carrera política comenzó como coordinador en las campañas presidenciales de su padre: las que perdió en 1999 contra Ricardo Lagos y en 2005 contra Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.
En 2004 participó en la campaña a concejal de su madre por Santiago Centro, quien resultó electa por la UDI. También colaboró en la candidatura a alcalde de Santiago de Pablo Zalaquett, quien luego lo incorporó a su Departamento de Cultura.
Su rol como jefe de campaña del diputado Alberto Cardemil en 2009 lo acercó a Renovación Nacional, partido que, junto a la UDI, respaldó su primera (y fallida) candidatura a alcalde de Maipú en 2012.
En 2009 contrajo matrimonio con Cathy Barriga en la iglesia Los Sacramentinos de Santiago. Luego, en 2013 y ya como militante UDI, ganó un escaño como diputado por el distrito 20 de Maipú, cargo que revalidó para los períodos 2018-2022 y 2022-2026. Sin embargo, en noviembre de 2024 renunció a la UDI al iniciarse la investigación que hoy lo tiene tras las rejas.
Las pruebas en su contra
La querella de 44 páginas presentada por los abogados de la Municipalidad de Maipú, que permitió el desafuero de Lavín Jr., incluye la declaración de Juan Alberto Silva, dueño de la Imprenta MMG S.A. Silva afirmó haber fabricado material gráfico para las campañas del diputado durante años. Ante una deuda millonaria, acordaron que Silva emitiría facturas ideológicamente falsas, las que el legislador presentaba en el Congreso. “Arnaldo Domínguez (el asesor de Lavín) me propuso pagar de forma mensual con nuevas facturas que yo emitiera a Joaquín Lavín, las que él rendiría, ya que esa era la única forma en que él tendría que pagarme lo que debía, lo que yo acepté”, testificó.
Esas facturas fueron 19, por un total de $17.882.310 (poco más de USD 19 mil). En un intento por anticiparse a las consecuencias, Lavín León restituyó poco más de $7 millones de pesos (USD 7.500) a la Corporación de la Cámara de Diputados, reconociendo tácitamente la irregularidad. No obstante, el ex diputado UDI declaró a la prensa que “todos los dineros fueron pagados a la imprenta” y que dicha restitución era “una provisión por si eventualmente pudiera existir algún error en la imputación del gasto. (…) todos los trabajos que hizo la imprenta fueron para hacer cuentas públicas, material gráfico”.
La vuelta de mano: control municipal
Según el testimonio de la encargada de finanzas de MMG S.A. (identificada como M.), a un mes de asumir Cathy Barriga la alcaldía, su esposo envió un correo al entonces coordinador de comunicaciones del municipio. A partir de allí, la imprenta comenzó a recibir información privilegiada para acceder a licitaciones y contratos con Maipú. “Mi hermano me preguntó si estábamos inscritos en Chile Compra, y me dijo que había que estar atentos a las licitaciones de Maipú porque alguien le había dicho que postuláramos”, relató la testigo.
Agregó que Arnaldo Domínguez era “el contacto que yo tenía para cobrar las facturas de Joaquín Lavín en todos sus vínculos comerciales, o sea de Cathy Barriga que era la alcaldesa de Maipú de ese entonces”. La querella detalla que la Municipalidad de Maipú pagó $88,8 millones de pesos (más de USD 94 mil) a MMG S.A. entre 2017 y 2021, y que Domínguez “cortaba la cola”, es decir, cobraba una comisión.
Arnaldo Domínguez es descrito como “el emisario” y se le considera pieza fundamental del entramado. “Joaquín Lavín controlaba el Municipio de Maipú a través de él. Todos lo conocían como asistente del diputado en la Municipalidad, y a pesar que (por lo que sé) nunca estuvo contratado por la Municipalidad, lo que él pedía a las jefaturas se tenía que cumplir porque era una instrucción directa ‘del diputado’, o sea, de Joaquín Lavín”, reza la declaración de otro testigo.
Los despidos millonarios
Otra evidencia del control de Lavín sobre el municipio son los correos con su esposa en los que ordena despedir a casi 500 trabajadores vinculados a la administración anterior. “Estos funcionarios tienen la misión de hacer fracasar la gestión de la nueva administración. Deben ser desvinculados”, se lee en uno de ellos, fechado el 13 de diciembre de 2016, apenas siete días después de que Barriga asumiera la alcaldía.
De esos 496 funcionarios desvinculados, 72 demandaron al municipio, lo que implicó el desembolso de más de $1.149 millones de pesos (más de USD 1,2 millones) en condenas, transacciones o avenimientos, según la acusación. La Fiscalía Oriente ahora apunta también a Joaquín Lavín Infante, padre del ex diputado, ante los vínculos de Lavín Jr. con la fallida campaña presidencial de su padre en 2021. El Ministerio Público no descarta realizar diligencias para investigar ese presunto nexo.
Fuente: Infobae