La discusión sobre cómo regular los teléfonos móviles en los colegios ha pasado de ser un debate aislado a convertirse en un eje central de las políticas educativas en Argentina y el resto de América Latina. Un nuevo informe regional de la Unesco lanza una advertencia clave: aplicar prohibiciones o restricciones no es una solución completa si no se implementan, al mismo tiempo, estrategias sólidas de ciudadanía digital.
En la región, la tendencia mayoritaria apunta a restricciones parciales y no a vetos absolutos. Cada vez son más las leyes, decretos ministeriales y proyectos legislativos que buscan limitar la presencia de los dispositivos en el entorno escolar. En Argentina, por ejemplo, varias provincias ya cuentan con normativas propias que regulan su uso.
El estudio fue elaborado por Roxana Morduchowicz, doctora en Comunicación y consultora de la Unesco especializada en ciudadanía digital. La investigadora analizó la situación en 12 países —Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay— a partir de consultas directas con funcionarios técnicos de cada nación.
Países con leyes nacionales y avances dispares
Actualmente, solo cuatro países de la región cuentan con leyes nacionales específicas que regulan el uso del celular en las escuelas: Brasil, Chile, Colombia y Paraguay. A estos se suman naciones con leyes subnacionales, como Argentina y México, además de otras que han avanzado mediante disposiciones ministeriales, como es el caso de Ecuador y El Salvador.
A diferencia de Europa, donde dominan las políticas de prohibición más estrictas —como el modelo de Francia, que impide su uso durante toda la jornada escolar—, en América Latina la estrategia más común es la restricción condicionada. Esto significa limitar el uso del dispositivo bajo ciertas reglas, especialmente dentro del salón de clases, pero manteniendo excepciones por motivos pedagógicos, de salud o emergencias.
De acuerdo con el informe, la mayoría de los países concentran las restricciones en el horario de clases. Sin embargo, casos como Brasil o Chile también incluyen los recreos y otros espacios escolares dentro de la regulación.
En Argentina, la expansión de normas provinciales se ha acelerado en los últimos años. Al menos 11 jurisdicciones —entre ellas CABA, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe— ya han aprobado leyes o resoluciones que regulan los celulares en los establecimientos educativos. Las diferencias se dan según el nivel educativo, el alcance de la medida y la forma de implementación. Algunas provincias centran las restricciones en primaria; otras, en secundaria; y varias incluyen otras tecnologías además de los teléfonos móviles.
Los argumentos que justifican estas regulaciones son variados, pero el informe destaca que predominan razones vinculadas a la salud emocional, la concentración y la convivencia escolar. Entre los principales motivos se encuentran: reducir las distracciones, mejorar la atención en clase, prevenir el ciberacoso, disminuir la exposición excesiva a las pantallas y fomentar la interacción cara a cara entre los estudiantes. También se mencionan riesgos como el acceso a contenidos digitales nocivos, problemas de autoestima, trastornos emocionales y dificultades para socializar.
En muchos casos, estos países se respaldan en recomendaciones de asociaciones pediátricas y organismos internacionales de salud, que alertan sobre el impacto del uso intensivo de pantallas en la salud mental y el bienestar de niños y adolescentes.
Sin embargo, el informe de la Unesco advierte que el debate está lejos de haberse resuelto. El documento también analiza los argumentos de quienes ponen en duda la efectividad de estas políticas. Allí se señala que restringir el uso de celulares no elimina automáticamente problemas como el acoso digital, la desinformación, el grooming, los discursos de odio o la manipulación algorítmica. “Ninguna regulación evitará que los alumnos estén expuestos a estas situaciones”, afirma el texto elaborado por Morduchowicz.
Incluso, se advierte sobre posibles consecuencias no deseadas, como una mayor vulnerabilidad de los estudiantes frente a los riesgos digitales si no reciben una formación adecuada en el aula, o un aumento del uso del celular fuera del horario escolar como una forma de compensación.
Otro punto relevante es que, en contextos marcados por la brecha digital, el celular suele ser el único dispositivo al que muchos alumnos tienen acceso para realizar actividades pedagógicas. Por ello, una regulación demasiado rígida podría profundizar las desigualdades educativas en la región.
Más allá de las posturas a favor y en contra, el documento propone una “tercera vía”: fortalecer las políticas de ciudadanía digital. Esta perspectiva desplaza el eje desde la prohibición hacia la formación de estudiantes capaces de usar las tecnologías de manera crítica, ética y reflexiva.
“Más allá de las regulaciones, los niños y adolescentes siempre estarán expuestos a riesgos en el mundo digital y necesitarán, por ello, contar con competencias críticas que les permitan comprender cómo funciona, de qué manera los afecta y cómo aprovechar las oportunidades que brinda”, señala el texto.
Por eso, la Unesco sostiene que la respuesta estructural no se limita a restringir dispositivos, sino que implica enseñar a comprender el entorno digital. Según este enfoque, la ciudadanía digital es una política pública superadora, orientada no solo a reducir daños, sino también a construir competencias para desenvolverse plenamente en el mundo digital.
Fuente: Infobae