El reciente acuerdo entre Blake Lively y Justin Baldoni, revelado el lunes 4 de mayo, no ha cerrado del todo el frente judicial. La protagonista de ‘Gossip Girl’ presentó una nueva moción el jueves 7 de mayo ante el tribunal, solicitando ser declarada ‘demandada victoriosa’ y exigiendo el pago de honorarios de sus abogados, daños compensatorios y otras reparaciones económicas.
La petición se fundamenta en una norma californiana de 2023, conocida como Ley de Protección de Sobrevivientes contra Demandas por Difamación Instrumentalizadas. Esta legislación fue creada para blindar a víctimas de abuso sexual que enfrentan demandas por difamación como represalia por denunciar. Lively, de 38 años, había interpuesto este recurso en septiembre pasado, luego de que Baldoni la demandara por difamación; una contrademanda que la justicia desestimó en junio de 2025.
“La señorita Lively solicita respetuosamente una resolución que la reconozca como ‘demandada victoriosa’ y, como tal, que tenga derecho a sus honorarios y costos legales razonables por haberse defendido exitosamente en el litigio, a daños triplicados por el daño causado por la acción de difamación retaliativa de las Partes Wayfarer en su contra, y a daños punitivos suficientes para disuadir a las Partes Wayfarer de incurrir en tal conducta en el futuro”, reza el documento judicial al que tuvo acceso Us Weekly.
En un comunicado oficial dirigido a la prensa, los abogados Michael Gottlieb y Esra Hudson calificaron el acuerdo como un triunfo frente a Baldoni y su productora Wayfarer Studios.
“Este acuerdo es una victoria contundente para Blake Lively. Al aceptar este acuerdo y renunciar a su derecho de apelación, Justin Baldoni y cada uno de los demandados individuales enfrentan ahora responsabilidad personal por abusar del sistema legal para silenciar e intimidar a la señorita Lively”, señalaron.
La abogada Sigrid McCawley, quien también forma parte del equipo legal de Lively, explicó a Variety que la moción persigue un objetivo que va más allá de este caso: establecer un precedente legal para otros sobrevivientes que sufren demandas por difamación como herramienta de represalia.
“Esto es realmente un espacio donde ella ha podido hacer un gran bien por los sobrevivientes, y quiere continuar ese trabajo. Esto, para ella, va mucho más allá”, expresó.
La postura de Baldoni
Por otro lado, el equipo jurídico de Justin Baldoni, liderado por el letrado Bryan Freedman, había celebrado el desenlace del proceso como un logro propio. Su argumento central es que el verdadero punto de inflexión se dio el 2 de abril, cuando el juez desestimó 10 de los 13 cargos presentados por Lively, incluyendo la demanda por acoso sexual y la reclamación original de 300 millones de dólares.
“El 2 de abril todo eso desapareció. Ahí fue cuando ocurrió la victoria. No estoy seguro de qué estamos discutiendo a estas alturas”, declaró Freedman a Variety.
Asimismo, la defensa de Baldoni impugna la aplicabilidad de la ley californiana invocada por Lively, argumentando que los hechos ocurrieron en Nueva York y Nueva Jersey, no en California. Los abogados de la actriz replican que su denuncia administrativa original fue presentada ante el Departamento de Derechos Civiles de California, lo que, a su juicio, activa dicha normativa.
Escenarios futuros
Ambas partes deberán presentar escritos adicionales sobre la moción. Si el juez Lewis Liman lo considera necesario, podría convocar a una audiencia para determinar los montos de daños, instancia en la que podrían testificar expertos e, incluso, la propia Lively.
Paralelamente, la actriz impulsa la aprobación del Speak Your Truth Act, un proyecto de ley pendiente en la legislatura del estado de Nueva York que busca replicar la protección de la ley californiana en esa jurisdicción.
El comunicado conjunto emitido el lunes por ambas partes al anunciar el acuerdo reconoció que “el proceso presentó desafíos” y que “las preocupaciones planteadas por la señorita Lively merecían ser escuchadas”. Para los abogados de Lively, esa frase equivale a una concesión tácita de los puntos que la ley californiana exige para otorgar la compensación solicitada.
Fuente: Infobae
