Han transcurrido trece años para que la Audiencia Nacional lleve a juicio el caso Kitchen, que señala a la cúpula del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy, con Jorge Fernández Díaz como principal acusado. La Fiscalía sostiene que fue el presunto cabecilla político de una trama para robar pendrives y agendas de Luis Bárcenas que contenían la contabilidad B del PP, con el objetivo de que no llegaran al juez. Solo dos años han pasado para que también coincida en el tiempo el juicio del caso mascarillas, que sienta en el banquillo a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, aunque este último ha actuado más como acusación que como acusado, apuntando a Pedro Sánchez.
Los titulares se han centrado en el presidente, sin que exista prueba ni citación al respecto. A pesar de que por la Audiencia y el Tribunal Supremo han pasado rostros conocidos como Ábalos, Koldo, Mariano Rajoy o Soraya Sáenz de Santamaría —estos dos como testigos—, ninguno ha protagonizado un interrogatorio como el de Manuel Morocho, inspector jefe de la UDEF que lideró la investigación de Gürtel. Fue él quien en 2013 recibió el encargo de elaborar un informe sobre los papeles de Bárcenas, el trabajo en el que más presión, obstáculos y zancadillas ha tenido que sortear.
Morocho es presentado como jefe de la UDEF, pero podría haberlo sido de otros cargos que le ofrecieron para apartarlo del caso, todos mejor remunerados. No aceptó. Pero no pudo evitar que su equipo, uno a uno, recibiera ofertas suculentas hasta dejarlo solo. Al comenzar, en 2013, Morocho relató al tribunal que sus superiores le dijeron que la documentación era
«una ideación de Bárcenas» sin «ninguna verosimilitud»
y que correspondía a cosas
«de él, pero nunca de la formación política para la que trabajaba»
, refiriéndose al PP.
El nombre de Rajoy
Preguntado por la abogada del PSOE, Gloria Pascual, confirmó que recibió la instrucción expresa de que el nombre de Rajoy no apareciera en sus informes. Pero la presión no se limitó al entonces presidente. Cuando Morocho incluyó a Ignacio López del Hierro, exmarido de María Dolores de Cospedal, su jefe de unidad Manuel Vázquez lo llamó al día siguiente para decirle que había cometido un «grave error» y le instó a corregirlo. El inspector se negó porque no podía «omitir a nadie» y trasladó el asunto al juez instructor. La mención generó, según sus palabras, «desasosiego en toda la escala de mandos».
En ese contexto, su jefe de sección Miguel Ángel Cuevas «se le escapó» revelar que López del Hierro era «amigo» del comisario José Manuel Villarejo, uno de los acusados en el caso Kitchen. El nombre de Cospedal tampoco pudo reflejarse pese a que aparecía como apoderada de una cuenta.
El episodio más grave que describió Morocho fue la filtración de un documento de su investigación a la propia Cospedal. Su entonces jefe en la UDEF, el acusado José Luis Olivera, le pidió un fax entre Pablo Crespo y Bárcenas que identificaba al extesorero como «Luis el cabrón» y luego le comunicó: «Ya me he encargado yo de que lo tenga Cospedal y lo tiene en su caja de seguridad».
«Me quedé estupefacto (…), era un documento importante a los efectos de ir construyendo poco a poco la prueba, (…) no sé por qué tenía que salir del ámbito de la investigación»,
declaró el inspector.
«Querían echar abajo la investigación»
Morocho también atribuyó a Olivera haberle pedido el teléfono de Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, cuando este ya estaba en prisión provisional, lo que interpretó como un «indicador» de que «el escenario que se estaba generando era de que iba a haber una acción en el entorno del extesorero». Avisó al juez instructor Pablo Ruz de la existencia de esa pesquisa paralela en 2015: «Están encima de Bárcenas», le dijo, y ambos optaron por actuar «con cuidado porque había unos indicios claros de que querían echar abajo la investigación».
Las obstrucciones, según el testigo, tenían una cadena de mando definida. El fiscal César Rivas le preguntó por los nombres implicados y Morocho los enumeró. Las reuniones con esa cadena se convertían en sesiones de cuestionamiento sistemático sobre el contenido de sus informes: si la documentación era extracontable o no, quiénes figuraban como donantes o receptores, o la correlación entre las salidas de caja B y los pagos de la reforma de la sede del PP.
La estrategia para neutralizar al grupo incluyó el desmantelamiento progresivo del equipo. Tres personas lo abandonaron en 2013, un subinspector en 2014 y otras cinco en 2015, a quienes se les ofrecieron puestos mejor remunerados. Esto dejó informes sin elaborar «porque no había capacidad investigativa». A Morocho le ofrecieron un destino en Lisboa —en una conversación en la que Olivera dijo haber recibido una llamada del entonces ministro Fernández Díaz— y una estancia de formación con el FBI en Estados Unidos. Rechazó ambas ofertas y alertó al juez de que intentaban «largarle». El superior Vázquez llegó a decirle que el propio Rajoy conocía «su nombre».
Tornillería, un taladro y matrículas policiales
El entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, también acusado, le presentó al comisario Enrique García Castaño —figura central en Kitchen pero apartada por salud—, quien le espetó:
«Tú qué haces aquí si tenías que estar muerto».
Morocho también relató indicios de que su despacho pudo haber sido vigilado con micrófonos. Ante el tribunal mostró una bolsa con tornillería, un taladro y matrículas oficiales de la Policía que encontró en su lugar de trabajo. El juez Ruz, ante esa evidencia, optó por trabajar con un portátil externo para evitar «fugas de información» y mantener conversaciones sensibles fuera del despacho.
Entre las maniobras de desgaste figuró la retención de un informe sobre el exalcalde de Pozuelo de Alarcón Luis Sepúlveda, marido de la exministra de Sanidad Ana Mato. Morocho lo entregó en 2011 y sus superiores lo guardaron más de un año, hasta que el juez lo reclamó en febrero o marzo de 2012. Su contenido derivó en que Mato fuera juzgada y condenada como partícipe a título lucrativo.
Este lunes continúa el juicio, por el que pasan presidentes del Gobierno, ministros, altos mandos policiales, agentes encubiertos y confidentes, con diez acusados que afrontan penas de hasta 19 años para Villarejo o 15 para Fernández Díaz y su «dos» Francisco Martínez, además de inhabilitación. Serán un total de 35 sesiones entre Madrid y San Fernando de Henares.
Fuente: Infobae