La justicia ecuatoriana enfrenta hoy nuevos cuestionamientos por el manejo del “Caso Apagón”, donde la Fiscalía investiga el presunto delito de peculado relacionado con las irregularidades en la contratación de nueva generación térmica durante la emergencia eléctrica de 2024.
El “Caso Apagón” se centra en los contratos suscritos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y las empresas Progen Industries LLC (Estados Unidos) y Austral Technical Management (Uruguay), los cuales no se concretaron pese a la entrega de más de USD 175 millones a estas compañías.
La semana pasada, el caso cobró notoriedad. Pues, mientras los expedientes judiciales y correos electrónicos sitúan a Roberto Luque, actual ministro de Transporte, en el epicentro de la toma de decisiones y la validación de la empresa Progen Industries, la Fiscalía lo excluyó de la formulación de cargos por presunto peculado el pasado 29 de abril de 2026.
En la otra orilla, el exministro de Energía Antonio Goncalves, quien ejerció el cargo apenas tres meses y asegura que heredó procesos ya finiquitados, enfrenta un llamado a juicio que él califica de “infamia” y carente de sustento.
Luque: el arquitecto de la emergencia
Roberto Luque no fue un espectador en la crisis energética de 2024.
Tras asumir el encargo del Ministerio de Energía el 16 de abril de 2024, Luque firmó el acuerdo ministerial que declaró la emergencia del sector eléctrico.
Apenas una semana después, el 23 de abril de 2024, emitió la circular MEM-MEM-2024-0003-CIR, una pieza clave en esta trama. Con este documento, Luque impuso un “candado legal” absoluto: ninguna empresa eléctrica estatal podía contratar sin que la Coordinación General Jurídica del Ministerio, bajo su mando, analizara y aprobara previamente los procesos.
El rol protagónico de Luque se extendió a la validación directa del proveedor.
El 14 de mayo de 2024, Luque solicitó a la Cancillería la reactivación urgente del pasaporte de Fabián Calero, entonces gerente de Celec, argumentando que realizaban acciones para resolver la crisis.
Solo dos días después, el 16 de mayo de 2024, Luque, Calero y su asesor Peter Dreher viajaron a Florida, Estados Unidos, para visitar las instalaciones de Progen.
En sus propias redes sociales, Luque publicó videos junto a representantes de la empresa, validando una oferta de “solución energética” que la intermediaria de Progen, Karla Saud, asegura haber enviado el 26 de abril de 2024 por petición directa del Ministerio de Energía.
Pese a que la validación ministerial fue el requisito indispensable para que proyectos como la central de Catamayo avanzaran a favor de Progen, la defensa de Luque sostiene hoy que el Ministerio no ejerció un control previo vinculante sobre los acuerdos específicos. Esta postura contrasta con oficios del 10 de junio de 2024, donde funcionarios ministeriales invocaron la circular de Luque para dar viabilidad a las contrataciones.
Silencio fiscal
El 29 de abril de 2026, Roberto Luque rompió el silencio luego de que concluyera la investigación previa.
A través de su cuenta en la red social X, anunció que la Fiscalía no lo incluyó en la formulación de cargos tras una “investigación exhaustiva” que contenía el análisis de más de 60 versiones y la auditoría de su patrimonio. Aunque su patrimonio creció un 10,45% desde que ingresó a la función pública -pasando de USD 134.907 a USD 149.006-, Luque afirma que la justicia definió su inocencia.
Mientras Luque celebra su exclusión, la investigación confirma que los contratos que él ayudó a preparar resultaron en un desastre financiero, especialmente los proyectos adjudicado a Progen.
Por esos dos contratos, Progen recibió cerca de USD 110 millones a cambio de motores oxidados de hace 60 años, presentados mediante certificados forjados. Pese al abono, para el 30 de enero de 2026, la cuenta bancaria de Progen en Florida registraba un saldo de cero dólares, habiéndose drenado los fondos públicos ecuatorianos hacia lujos personales de sus directivos.
Goncalves: el “chivo expiatorio” de la crisis
La situación de Antonio Goncalves es radicalmente opuesta.
El exministro, quien lideró la cartera de Energía entre el 2 de julio y el 9 de octubre de 2024, se encuentra entre las 21 personas procesadas por la Fiscalía el pasado 29 de abril de 2026.
Goncalves reaccionó el 2 de mayo de 2026 con un comunicado a la opinión pública donde rechaza la acusación por considerarla “infundada”.
En su defensa, Goncalves sostiene que Progen ya había sido seleccionada por Celec antes de su designación ministerial. Asegura que no impartió instrucciones para favorecer a ninguna empresa, no negoció condiciones contractuales y, a diferencia de Luque, nunca visitó las instalaciones de Progen ni tuvo contacto con sus funcionarios. Goncalves destaca un dato patrimonial contundente: mientras fue funcionario, su patrimonio no aumentó, sino que decreció, lo que a su juicio desmonta cualquier sospecha de beneficio económico indebido.
El exministro exhortó a la Fiscalía a investigar la “trazabilidad” de los pagos realizados a Progen y el destino final de los recursos en las cuentas de Florida, asegurando que los verdaderos responsables nada tienen que ver con él.
Sin embargo, la Fiscalía mantiene su nombre en la lista de sospechosos, mientras que los actores que lideraron la fase preparatoria y técnica, como Luque y sus asesores, han quedado fuera del radar judicial.
¿Justicia selectiva?
Pese a la existencia de correos y memorandos -que sitúan a Luque y su círculo cercano en el centro de la gestión de fichas técnicas y propuestas económicas mucho antes de formalizar los contratos-, la posible formulación de cargos se ha concentrado en técnicos de Celec y en Goncalves.
Mientras tanto, otros protagonistas clave del escándalo se reubican.
Fabián Calero, exgerente de Celec que viajó con Luque a Florida, es hoy un prófugo cuyo paradero se desconoce, tras intentar dar clases en la Politécnica Nacional.
Otros firmantes, como Byron Orozco y Manuel Barberán (exgerente de Termpochincha y Electroguayas), permanecen en la función pública en cargos de menor rango dentro de Celec y la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), declarando bajo juramento no tener impedimentos legales pese a las observaciones de la Contraloría sobre estos polémicos contratos.
Radio Pichincha