El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por delitos de narcotráfico y porte ilegal de armas, debido a sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La acusación se dio a conocer el pasado 29 de abril.
No es la primera vez que el mandatario estatal es señalado por su relación con el crimen organizado. Tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024 en Estados Unidos, el exlíder del cártel difundió una carta al Gobierno de México donde aseguró que había sido víctima de un secuestro orquestado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, ocurrido cuando acudió a una reunión en la que supuestamente estaría Rocha Moya.
Estas declaraciones pusieron al funcionario bajo el reflector público, pero también provocaron que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernadores de Morena y otros servidores públicos mostraran su respaldo al mandatario sinaloense. Rocha Moya afirmó que se encontraba de viaje en EE.UU. cuando se planeó el encuentro entre narcotraficantes, al cual sí asistió Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien fue asesinado ese mismo día y cuyo caso sigue sin esclarecerse.
Tras una larga lista de señalamientos —entre ellos haber recibido supuesto apoyo de la facción de Los Chapitos para ganar la gubernatura en 2021—, las autoridades estadounidenses solicitaron la detención provisional de Rocha Moya con fines de extradición, así como la de otros nueve funcionarios sinaloenses también acusados.
Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) ha aclarado que se trata de un proceso preventivo y no de un procedimiento judicial formal de extradición, el caso marca un hito, ya que es la primera vez que se acusa a un gobernador en funciones. Si se comprueban sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, podría ser enviado a Estados Unidos para enfrentar la justicia.
¿Extradición o solo detención? El proceso que Rocha Moya podría enfrentar
A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum y la FGR han señalado que EE.UU. no ha aportado pruebas consistentes sobre los presuntos nexos de Rocha Moya y los nueve funcionarios con el Cártel de Sinaloa, la solicitud de detención provisional está contemplada en el tratado de extradición entre México y Estados Unidos.
De acuerdo con el proceso, a partir de la solicitud se dispone de un plazo de 60 días para presentar la petición formal de extradición con pruebas suficientes. Esto da inicio a una revisión judicial que determinará si la extradición es procedente.
Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, explicó a Infobae México: “Mandan una solicitud para extradición bajo el tratado y en esa solicitud tienen que poner bastante información. No nada más es una página o dos, es en realidad un expediente algo amplio y tienen que poner los delitos por los cuales se acusa a la persona, y la evidencia que tienen para demostrar que existe causa probable de que la persona cometió el delito o delitos”. Vigil precisó que esta solicitud de detención está contemplada en el proceso mismo de extradición.
Primer gobernador en funciones que sería enviado a EE.UU.: dos exmandatarios ya enfrentaron la justicia en ese país
El caso de Rocha Moya es trascendental porque definirá la postura de Sheinbaum frente a la corrupción en México.
En años anteriores, funcionarios como Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, han sido procesados en Estados Unidos; actualmente cumple una condena de más de 38 años de prisión por vínculos con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, solo dos exgobernadores han enfrentado la extradición y un juicio en ese país.
Se trata de Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo (1993-1999), quien fue el primero en ser extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y asociación delictuosa. Años después se sumó Jorge Torres López, exgobernador de Coahuila, acusado de asociación delictuosa, lavado de dinero y fraude bancario.
Ambos habían culminado su mandato cuando fueron enviados a EE.UU. (en 2010 y 2017, respectivamente). En cambio, Rocha Moya es el primero en ser acusado mientras aún ejercía como mandatario estatal.
La posibilidad de una contrapropuesta de Sheinbaum: no extradición, pero sí justicia en México
David Saucedo, consultor en seguridad pública, dijo a Infobae México que la presidenta Sheinbaum estaría manejando un doble discurso: aunque públicamente defiende a Rocha Moya, en los hechos habría impulsado su licencia temporal.
“Por un lado, en materia discursiva, lo primero que hizo la presidenta fue ir a la defensa de Rocha Moya, decir que no había pruebas, que no iba a permitir una violación a la soberanía, que el gobierno norteamericano no había presentado la documentación correcta; pero en los hechos, por lo que tengo conocimiento, me parece que ella sí operó para lograr la renuncia de Rocha Moya y también la del alcalde de Culiacán”, afirmó.
Respecto a una posible extradición, Saucedo señaló que las autoridades mexicanas barajan como contrapropuesta que Rocha Moya y los otros nueve funcionarios sean procesados y sentenciados en México.
“Esa es la contrapropuesta de México, pero no estoy seguro de que acepten. Estoy casi seguro de que van a insistir en que Rocha Moya sea extraditado a Estados Unidos”, aseguró.
La posible colaboración con EE.UU. en caso de extradición
Mike Vigil señaló que Sheinbaum estaría dispuesta a entregar a los funcionarios si se detectan vínculos probados con el Cártel de Sinaloa.
“Si ella mira que existe suficiente evidencia, yo estoy seguro de que lo manda, pero tampoco creo que, si mira que no hay suficiente evidencia y que esto es una cuestión política, lo mande. Yo creo que es cincuenta-cincuenta”, afirmó.
En caso de una extradición inminente en la que EE.UU. compruebe los nexos con el Cártel de Sinaloa, ¿qué pasaría con Rubén Rocha Moya?
Los Chapitos: posibles informantes y blanco de señalamientos
David Saucedo explicó que, de ser enviado a EE.UU., el gobernador con licencia sería hallado culpable de narcotráfico y portación de armas, pero buscaría colaborar con las autoridades estadounidenses.
“Va a dar datos adicionales acerca de la narcopolítica en México, quién más estaba enterado, qué tipo de vínculo había con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de qué otra manera el gobierno federal tenía vínculos con el narcotráfico. Él va a defenderse y también va a atacar a Los Chapitos, va a dar información acerca de sus actividades criminales”, afirmó.
El especialista detalló que la información que permitió a Estados Unidos formular la acusación contra Rubén Rocha Moya y los funcionarios sinaloenses proviene de los testimonios de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán: Ovidio Guzmán López y Joaquín, quienes actúan como testigos colaboradores en ese país.
“Estados Unidos tiene el testimonio de Los Chapitos para acusar a Rocha Moya; ellos directamente lo acusan de haberles dado dinero. No es un testigo que lo vio, no es una transferencia bancaria, es un testimonio oral de Los Chapitos que dicen que ellos sobornaron a Rocha Moya. En la justicia estadounidense, el testimonio oral tiene gran peso”, explicó.
Mientras el caso se resuelve, la Fiscalía General de la República mantiene abiertas las investigaciones contra los diez funcionarios acusados por EE.UU. y espera recibir pruebas contundentes para procesarlos en México, tal como advirtió Sheinbaum tras difundirse la acusación.
Fuente: Infobae
