Juan Carlos Blum Baquero, gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), será el primer funcionario en comparecer ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional dentro del proceso de fiscalización a la presunta estructura organizada de corrupción en la Corporación de Electricidad, que habría causado un perjuicio al Estado de más de $ 300 millones.
Blum Baquero fue designado gerente general de la CNEL EP el 15 de abril de 2026, en reemplazo de Ángel Erazo.
La fecha de la comparecencia de Juan Carlos Blum está por definirse, pero se adelantó que sería el próximo miércoles o jueves.
La presidenta de la mesa legislativa, Valentina Centeno (ADN), señaló que la Comisión de Desarrollo Económico no va a mirar a otro lado frente a quienes manipularon facturas, cobraron coimas y abusaron de los recursos de los ecuatorianos.
“Caiga quien caiga, la verdad tiene que salir a la luz”, sentenció la representante de Manabí por ADN, quien ordenó que se realicen los pedidos de información a las distintas provincias y además anunció el llamado a funcionarios públicos a las comparecencias.
El asambleísta de Guayas Álex Morán (ADN), el 29 de abril de 2026, planteó en la Comisión de Desarrollo Económico que se incluya en la agenda de la mesa que se inicie un proceso de fiscalización sobre una presunta red de corrupción de CNEL EP, que habría operado más de diez años y habría causado un perjuicio al Estado de $ 300 millones.
Morán Galarza indicó que tras los allanamientos realizados a CNEL EP se revela que la presunta estructura organizada de corrupción ha operado con la participación de decenas de funcionarios durante más de una década. En este hecho registrado en CNEL se habla de alteración de planillas, refacturación irregular, reducción indebida de consumos.
Además se dice que este hecho registrado en Guayaquil no es un caso asilado, porque las propias autoridades han señalado que la red habría operado por mucho tiempo, y no solamente en Guayas, sino también a nivel nacional.
La moción del legislador Morán recibió el respaldo del asambleísta también del Guayas Sergio Peña (aliado ADN), quien destacó que la propuesta de su colega no solo es oportuna, sino necesaria, porque preocupa cómo se han venido robando el dinero no solo del Estado, sino de los ecuatorianos en las planillas. Por ello, es momento de que la Comisión de Desarrollo Económico actúe.
Resolución
La resolución tomada por la Comisión de Desarrollo Económico fue aprobada con siete votos provenientes de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados, mientras que dos delegados de la bancada Revolución Ciudadana (RC) se abstuvieron.
El documento aprobado señala:
*Artículo 1. Aprobar el inicio de un proceso de fiscalización y control político en el ámbito de las competencias de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa respecto de la presunta existencia de una estructura organizada de corrupción al interior de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, que habría generado un perjuicio estimado de $ 300.000 al Estado ecuatoriano.
*Artículo 2. En el marco del presente proceso de fiscalización, la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa podrá requerir información y documentación, así como disponer la comparecencia de las autoridades de las instituciones del Estado que hubieran intervenido o tengan relación con los hechos objeto de la presente fiscalización en el ámbito de sus competencias.
*Artículo 3. Notificar a través de la secretaría relatora de la comisión especializada, con el contenido de la presente resolución, al presidente de la Asamblea Nacional, al Consejo de Administración Legislativa y los presidentes de las demás comisiones especializadas permanentes para los fines de coordinación institucional.
El asambleísta David Arias (aliada ADN), tras respaldar el pedido de fiscalización a la empresa CNEL EP, planteó que también se incorpore al proceso de investigación a la empresa L Galápagos, debido a múltiples denuncias de corrupción, irregularidades y mala calidad de servicio, para que se transparente la gestión y se fiscalicen los contratos y fondos económicos. Pero este tema no fue incorporado en la resolución aprobada con siete votos.
Fuente: El Universo
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