El martes 28 de abril de 2026, el presidente Daniel Noboa allanó las oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), lo que analistas calificaron esta acción como la “espectacularización de la seguridad”.
Rodeado de ministros, cámaras y bajo la escolta del fiscal Carlos Alarcón y otros altos funci0narios públicos, el mandatario encabezó uno de los tantos allanamientos en la que denunció una red de corrupción que operó supuestamente por más de 11 años, manipulando planillas y proyectos con un perjuicio superior a los USD 300 millones.
Ese operativo también es criticado como un resultado del doble discurso oficial, pues antes del hecho, Noboa nombró como Director Ejecutivo del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) al ingeniero César Alfredo Aguilar Alvarado, un alto funcionario forjado precisamente en las entrañas de la cuestionada CNEL.
De CNEL al trono del Cenace
El ascenso de Aguilar a la dirección del Cenace —el ente técnico máximo que controla todo el sistema eléctrico del país— evidencia una contradicción flagrante. Mientras los voceros gubernamentales tildan a la CNEL de ser un foco de redes de corrupción interna, el Ejecutivo promueve a la cúpula del sector energético a quien fuera su Director de Planificación Eléctrica y Gerente de Planificación.
Aguilar no es un externo; es un funcionario que lideró la formulación de estrategias y la priorización de inversiones en la misma CNEL que hoy el presidente Noboa ordena allanar por irregularidades sistémicas.
Esta designación levanta cuestionamientos del sector eléctrico, en donde se preguntan: ¿Cómo puede el Gobierno hablar de una limpieza radical del sector eléctrico si promueve a los mismos cuadros que administraron la entidad intervenida en lugar de procesarlos o investigar su responsabilidad en la supuesta debacle?.
El festín de los contratos
La retórica oficial de “austeridad” y “lucha contra las mafias” choca frontalmente con la realidad económica de la CNEL, una empresa que acumula contratos, varios de ellos, millonarios.
Según datos del Servicio de Contratación Pública (Sercop), desde el año 2020 hasta marzo de 2026, la CNEL ha impulsado contratos por un total de USD 1.316,8 millones, distribuidos en 8.380 procesos de contratación pública por régimen común y especial.
De ese total, USD 481,1 millones fueron adjudicados en CNEL durante la gestión de Noboa, recursos que no han solucionado el riesgo de apagones, un problema que ocurrió a fines de 2024, pero que podría ocurrir en este año.
Aunque el Gobierno lo disfraza de “desconexiones programadas”, en varios puntos del país se han registrado apagones desde mediados de marzo de 2026 debido a la falta de generación, al fracaso de los contratos eléctricos y a la poca inversión en distribución y transmisión eléctrica.
Una fuente del sector eléctrico contó a Radio Pichincha que resulta inverosímil que el Gobierno alegue desconocimiento sobre una red que “manipuló proyectos” por más de una década cuando el propio Estado, a través del Ministerio de Energía, es quien elige a los gerentes y directores de la CNEL y del Cenace.
“Este festín de contratos por más de USD 1.300 millones ocurrió ante los ojos de autoridades designadas por los últimos tres gobiernos, incluido el actual, que tras casi tres años de gestión recién opta por una intervención, la cual es cuestionada por la forma en cómo se realizaron los allanamientos”, puntualizó.
¿Un operativo fallido?
El allanamiento que lideró Noboa -del 28 de abril- no solo es criticado por su tardanza, sino por su forma.
Expertos penales advierten que la presencia de Noboa y sus ministros en una diligencia judicial es “altamente contaminante” para la independencia de la justicia. El Ejecutivo no tiene competencia para dirigir allanamientos, función que corresponde exclusivamente a la Fiscalía.
Así, la “contaminación” de la escena podría incluso ser utilizada por las defensas de los implicados para anular procesos o excluir pruebas, debilitando la posibilidad de condenas reales, advierten abogados consultados por este medio.
A este escenario se suma la polémica participación del radiodifusor Alfonso “Pocho” Harb en el operativo. Este es un hecho que refuerza la tesis de que lo ocurrido en Guayaquil, Azuay y Cotopaxi fue una puesta en escena para desplazar de la agenda pública temas críticos como:
- Falta de medicamentos
- Apagones
- Crisis alimentario
- Deserción escolar
- Caída y deterioro del empleo adecuado
- Disminución del ingreso mínimo
- Muerte de niños y adolescentes
- Y, crisis de seguridad.
Diario Expreso hizo un análisis sobre esta cituación y habló con la politóloga Tatiana Quinga, quien señaló que el Gobierno busca marcar agenda en sectores sensibles como el energético mediante un “show”, pero sin la misma celeridad para resolver las causas estructurales de la crisis.
Excusas para la crisis eléctrica
La mirada del Ejecutivo a CNEL no es nuevo.
Desde antes, el Gobierno cuestionó en esta holding estatal los “sueldos dorados” y las supuestas prebendas sindicales. De esa forma, ha señalado que la situación eléctrica también obedece a estos problemas.
Por ejemplo, el Gobierno ha señalado que la empresa destinó USD 78 millones anuales solo para pagar subsidios de antigüedad, cargas familiares y comisariato, permitiendo que algunos empleados triplicaran sus salarios y ganaran más que el Presidente de la República.
Incluso se desvinculó a 164 trabajadores con ingresos exorbitantes, como un operador que supuestamente percibía USD 13.500 mensuales.
Además de estos problemas administrativos, hay un problema que el Gobierno poco o nada ha logrado resolver.
CNEL es la empresa con más pérdidas eléctricas del país, originadas por robos, fraude y gestión deficiente. En 2025, estas pérdidas sumaron USD 306 millones, una cifra mayor al costo del alquiler de tres barcazas de generación termoeléctrica.
A pesar de ello, la estructura burocrática de la CNEL sigue intacta.
La advertencia ignorada
Las últimas alertas de apagones fueron alertadas desde marzo pasado y CNEL está en la mira.
Un informe técnico de Cenace del 6 de marzo de 2026 señalaba que el sistema eléctrico operaba en un estado de vulnerabilidad, sin márgenes de reserva operativa, y advirtió sobre la “inexistencia de un plan agresivo de inversión”.
El informe señalaba una alta probabilidad de cortes de energía en las zonas donde opera la CNEL (Guayaquil, Manabí y El Oro) debido a la sobrecarga de elementos y falta de mantenimiento en obras prioritarias que ni siquiera constaban en la programación oficial.
En lugar de atender estas alarmas técnicas que ya generan malestar ciudadano por cortes de luz, el Gobierno de Noboa hizo cambios en la cúpula de la institución. Por ejemplo, removió a Ángel Erazo y en su lugar llegó Juan Carlos Blum. Pese a estos cambios, todavía no se cuenta el plan para impulsar inversiones y atender los problemas en CNEL.