En un fallo sin precedentes en la región oriental de El Salvador, el Tribunal 2° contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas que llegan hasta los 204 años de prisión para 30 individuos que formaban parte de una estructura delictiva. Esta organización operaba en los municipios de San Alejo y Yayantique, ubicados en el departamento de La Unión. La información fue divulgada este miércoles por la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR), que identificó al grupo como un escuadrón de exterminio bautizado con el nombre de “El Diablo de Cordoncillo”, especializado en homicidios por contrato y otros ilícitos de alta gravedad.
Según los reportes oficiales de la FGR, esta agrupación mantuvo su actividad delictiva entre 2018 y 2020. Durante ese lapso, los integrantes recibieron financiamiento proveniente de Estados Unidos para cometer asesinatos a cambio de remuneraciones económicas. Cada uno de los sentenciados cumplía funciones precisas dentro del organigrama criminal, que incluía desde cabecillas hasta ejecutores y colaboradores logísticos. “Cada miembro tenía un rol definido dentro del grupo, que actuó bajo encargo y coordinación internacional”, puntualizó la Fiscalía salvadoreña en su comunicado oficial.
Entre los cargos probados durante el proceso judicial, la sentencia les atribuye la autoría directa de un homicidio consumado y la planificación de al menos otros nueve asesinatos. El fallo, detallado por la FGR, también señala que los implicados participaron en actividades de tráfico ilícito, pertenencia a organizaciones terroristas y tenencia ilegal de armas de fuego.

Penas máximas y jerarquía interna
Efraín G., identificado como el cabecilla principal de la organización, recibió la condena más severa: 204 años de prisión. La Fiscalía también individualizó a otros líderes y miembros clave, cuyas sentencias quedaron de la siguiente manera: Juan M. y Érick H. fueron condenados a 87 años de cárcel cada uno; Ramón Díaz A. recibió 77 años; Adrián H. fue sentenciado a 72 años, y Jorge F. a 69 años. El resto de los procesados enfrenta penas que fueron ajustadas según su nivel de participación y responsabilidad, tal como lo determinó el tribunal tras un juicio oral y público.
“La investigación demostró que los sentenciados formaban parte de un grupo estructurado para delinquir en la zona oriental del país, recibiendo instrucciones y recursos económicos desde el extranjero”, informó la FGR. Asimismo, destacó que “la estructura criminal funcionaba con una disciplina interna y niveles jerárquicos definidos, lo que dificulta su identificación en las primeras etapas de la investigación”, según declaraciones recogidas tras la lectura de la sentencia.

El listado de delitos por los cuales se dictó condena incluye homicidio agravado, proposición y conspiración para homicidio, tráfico ilícito, pertenencia a organizaciones terroristas y tenencia ilegal de armas de fuego. La Fiscalía General de la República de El Salvador recalcó que la dureza de las penas refleja la magnitud de los crímenes cometidos y el impacto que esta estructura generó sobre la seguridad ciudadana en el departamento de La Unión.
Todo el proceso judicial se desarrolló ante el Tribunal 2° contra el Crimen Organizado de San Miguel, instancia que evaluó pruebas documentales, testimoniales y periciales que confirmaron tanto la existencia del grupo como los delitos perpetrados. La FGR subrayó que este caso sienta un precedente relevante en la lucha contra las estructuras de exterminio y el financiamiento internacional de actividades criminales en El Salvador. Los sentenciados formaron parte de la organización conocida como “El Diablo de Cordoncillo”, cuyas operaciones golpearon con violencia a la zona oriental del país.
Fuente: Infobae