Ecuador atraviesa un momento crítico en materia de derechos humanos. Lo que antes se percibía como una tendencia, hoy —según Astrid Valencia, directora para las Américas de Amnistía Internacional— se ha consolidado como un proceso acelerado de cierre del espacio cívico y normalización de prácticas autoritarias.
La advertencia llega en el marco de la reciente visita de la organización internacional, que finaliza este 29 de abril de 2026, donde presentó hallazgos que, lejos de ser aislados, se insertan en una tendencia regional.
Valencia concluye que ya no se trata únicamente de una erosión progresiva de derechos. Lo que documentan los informes recientes es un ataque directo a los cimientos del sistema internacional de protección de derechos humanos.
Este fenómeno se traduce en medidas concretas: restricciones a la libertad de asociación, limitaciones a la protesta y sanciones al ejercicio de derechos fundamentales. Todo esto, además, con un impacto directo en la vida cotidiana.
Libertad de prensa bajo presión
Uno de los focos más preocupantes es la criminalización del periodismo.
Amnistía Internacional ha documentado casos de estigmatización contra periodistas en Ecuador, así como un hecho particularmente grave: el asesinato de un comunicador en Esmeraldas vinculado a su labor informativa.
Sin libertad de prensa no hay democracia, advierte Valencia.
A nivel regional, la situación es aún más alarmante, con un incremento del exilio de periodistas que buscan proteger su vida frente a amenazas y persecución.
El Gobierno ha justificado estas medidas como parte de la lucha contra el lavado de activos, pero no se han aportado pruebas concluyentes, lo que hace que la organización se pregunte si existen investigaciones reales detrás de estas acciones o se trata de mecanismos de presión-
La falta de información pública, advierte, profundiza la incertidumbre y debilita la confianza institucional. En base a las alertas levantadas, Ecuador enfrenta un proceso acelerado de deterioro democrático.
Desapariciones en contextos militarizados
Otro punto crítico es el aumento de denuncias de desapariciones forzadas. Según datos de la Fiscalía General del Estado, existen al menos 45 casos registrados, aunque se advierte un posible subregistro.
Un elemento que agrava la situación es el contexto en el que ocurren estos hechos: operativos de seguridad militarizados. Las denuncias, según detalla, señalan directamente que las desapariciones se producen durante intervenciones de fuerzas del orden.
Estados de excepción
En este contexto, Amnistía Internacional cuestiona el uso reiterado de los estados de excepción durante el gobierno de Daniel Noboa.
La organización advierte que estas medidas se han convertido en una política sostenida para mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, lo que no se alinea con estándares internacionales de derechos humanos.
Las alertas no son nuevas. Experiencias en países como El Salvador y México ya habían mostrado los riesgos de esta estrategia.
Impacto ambiental y simulación de cumplimiento
El informe también aborda el impacto de la actividad petrolera. Según el Ministerio de Energía, existen 486 mecheros en el país, de los cuales 424 pertenecen a Petroecuador.
Aunque la empresa estatal anunció la eliminación de 170 mecheros en 2025, organizaciones y comunidades denuncian estrategias para simular cumplimiento, como apagados temporales o reemplazos que no reducen la quema de gas.
Datos del Banco Mundial confirman la preocupación: 2024 fue el año con mayor quema de gas en Ecuador desde 2012.
Esto contraviene compromisos internacionales como el Acuerdo de París y la meta de eliminar la quema rutinaria de gas hasta 2030.
Además, las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado en 44,3% entre 2014 y 2024.
Aunque los informes de organizaciones como Amnistía Internacional no son vinculantes, Camila Rui Segovia, encargada para Sudamérica, subraya que sí tienen impactos concretos.
Un ejemplo es el informe sobre desapariciones de 2025, que recomendó fortalecer la unidad de la Fiscalía en Guayas. La medida fue adoptada: hoy existen dos fiscales encargados de estos casos.
Además, la organización ha participado como amicus curiae en decisiones de la Corte Constitucional del Ecuador, donde sus informes han sido citados.
Ecuador, un país en alerta
Pese a este panorama, Amnistía Internacional no considera que Ecuador haya llegado a un cierre total del espacio cívico. Sin embargo, las señales son contundentes.
“El país está en alerta”, afirma Valencia.
Entre los factores de preocupación se encuentran:
- reformas legales regresivas,
- ataques a la Corte Constitucional,
- uso reiterado de estados de excepción,
- y restricciones a organizaciones sociales.
Todo esto en un periodo corto: apenas un año y medio.
Sociedad civil
Frente a este escenario, Valencia destaca el rol de las organizaciones sociales.
El llamado que hacen desde la organización es a respaldar a la sociedad civil y a los movimientos que enfrentan riesgos para frenar esta regresión.
Otro punto de preocupación es el cierre de cuentas bancarias a organizaciones sociales, en el marco de la llamada ley de transparencia.
Radio Pichincha