Una llamada telefónica fue clave en el operativo que derivó en los allanamientos a instalaciones de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y de la Empresa Eléctrica Centro Sur en tres provincias del país.
El presidente Daniel Noboa señaló en redes sociales, el pasado martes 28 de abril de 2026, que se desarticuló una red que operó durante más de once años y que habría causado perjuicios al Estado por al menos $ 300 millones, mediante la alteración de planillas de consumo de energía, reclamos irregulares y manipulación de proyectos eléctricos.
La investigación, según ha asegurado el Ministerio de Ambiente y Energía, se habría iniciado a partir de una auditoría interna solicitada por la titular de esa cartera de Estado, Inés Manzano.
Según el parte policial de la misma fecha, al que tuvo acceso Diario EL UNIVERSO, una persona identificada como “Pablo” comunicó a las autoridades que funcionarios de CNEL estarían adulterando el sistema de facturación, generando un perjuicio para el Estado.
Sin embargo, “debido al no funcionamiento y daño del sistema 1800-DELITO, la llamada telefónica no fue grabada”, detalla el documento oficial.
En esa comunicación, el denunciante dio los nombres 23 funcionarios presuntamente implicados.
En un mensaje en sus redes sociales, el mismo martes, la ministra Manzano confirmó que en total hubo 46 personas retenidas para tomar sus declaraciones respecto al caso.
Ocho personas denunciadas pertenecerían a la Unidad de Negocio de Guayaquil; cuatro serían de la Unidad de Negocio de Santa Elena; tres estarían vinculadas a la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel); seis de la planta central CNEL; y dos de la Unidad de Negocio Centro Sur, que no corresponde a CNEL sino a esa distribuidora, con sede en Cuenca.
Este Diario conoció que todos los trabajadores retenidos recuperaron su libertad el mismo martes a las 21:00.
La ministra detalló en un video, divulgado la noche del 28 de abril, cómo operaba supuestamente la red detectada.
Un primer mecanismo consistía en que, según Manzano, una vez que el consumo de energía eléctrica del usuario se registraba normalmente, un contratista tomaba la lectura del medidor y la ingresaba al sistema.
Luego, comentó, “desde adentro, funcionarios intervenían ese dato, reducían la lectura real del consumo eléctrico y alteraban los registros, generando una nueva factura con valores de hasta un 80 % menores, sin sustento, sin justificación y sin control».
Manzano reveló que el segundo mecanismo era el reclamo, pues el usuario presentaba una queja, el CNEL la negaba con base en el consumo real registrado, pero, en segunda instancia, el caso pasaba al ente regulador y ahí la deuda se eliminaba por completo, porque se informaba que no había valores por pagar.
“Dos mecanismos distintos, una misma consecuencia: evitar que se pague el valor real de la energía consumida”, dijo.
Trabajadores y jubilados consultados expresaron su desconcierto por los operativos de la Fiscalía y la Policía.
Las fuentes indicaron que se enteraron de los allanamientos a través de redes sociales y que les había sorprendido la retención de funcionarios de rango bajo.
Uno de los consultados, con más de tres décadas de servicio en la empresa, explicó que el sistema de facturación de CNEL no permite que cualquier empleado realice modificaciones a voluntad.
Según su relato, el acceso a funciones sensibles del sistema está restringido por niveles de autorización.
“El compañero común no maneja claves como para hacer rebajas”, indicó, y agregó que quienes sí disponen de ese acceso son los mandos medios y altos.
Las fuentes describieron el flujo interno del sistema: un empleado de atención al cliente ingresa con su clave, elabora un expediente con la información del usuario y lo remite a un superior, quien revisa, añade observaciones y lo eleva hacia instancias con mayor nivel de autorización, desde donde se toman las decisiones sobre ajustes en los valores facturados.
Y pusieron en duda la responsabilidad de empleados con uno o dos años de antigüedad en la empresa, en el marco de una investigación que apunta a una red con más de once años de operación. “Hay gente que tiene dos o tres años trabajando ahí”, indicaron, en referencia a algunas de las personas retenidas durante el operativo en la Unidad de Negocio Guayas-Los Ríos.
Respecto a los mandos medios y altos, los trabajadores no descartaron responsabilidades en ese nivel, pero señalaron que corresponde a las autoridades de justicia determinarlo.
Las fuentes consultadas reconocieron que en la empresa existen casos de irregularidades. “Como en todos lados hay buenos y malos”, admitieron.
Ante la afirmación del ministro del Interior, John Reimberg, en el sentido de que hay empleados de la empresa con sueldo básico cuyo patrimonio resulta llamativo, los empleados y jubilados consultados señalaron que requiere ser contextualizada, pero no explicaron en qué sentido.
Para este jueves, 30 de abril de 2026, se espera un pronunciamiento oficial del Comité de Empresa de CNEL, que por estos días está dividido en dos grupos que reivindican la representación. (I)
Fuente: El Universo