Una reciente investigación publicada por The New York Times ha ampliado las denuncias sobre la explotación de territorios que anteriormente fueron intervenidos por las autoridades colombianas. Estos espacios, que hoy son utilizados por grupos criminales para la minería ilegal, se han convertido en el punto de partida de una cadena que culmina en las monedas oficiales de Estados Unidos.
El medio estadounidense reveló detalles sobre cómo el oro extraído de minas colombianas termina siendo adquirido y empleado por la Casa de la Moneda de Estados Unidos, pese a las regulaciones que expresamente lo prohíben.
De acuerdo con la investigación, una parte significativa de este mineral proviene de minas ubicadas en la región de Caucasia, Antioquia. En esa zona, el Clan del Golfo controla la extracción y cobra cuotas a los mineros informales. El informe documenta que esta actividad no solo infringe normas ambientales y laborales, sino que también financia directamente operaciones criminales.
Según The New York Times, la cadena de suministro comienza en minas como La Mandinga, donde el cartel exige pagos mensuales a los equipos de mineros y supervisa de cerca la actividad ilegal.
El oro obtenido se comercializa en tiendas locales, muchas de las cuales operan en municipios profundamente marcados por la fiebre del oro. Los comerciantes de la zona, conscientes del origen ilícito del mineral, lo venden a empresas exportadoras, algunas de propiedad estatal. Estas compañías, según el informe, mezclan el oro ilegal con suministros legales y lo funden en lingotes.
Los registros de exportación indican que lingotes valorados en cientos de millones de dólares han sido enviados a Estados Unidos durante el último año.
Una vez en territorio norteamericano, el oro es recibido por refinerías como Dillon Gage, ubicada en Texas. Allí se mezcla con material reciclado y oro procedente de otros países sudamericanos. Esta mezcla permite que el mineral pierda su trazabilidad y sea considerado “estadounidense” para efectos legales y comerciales.
El director ejecutivo de Dillon Gage, citado en el informe, reconoció que, una vez que el oro se mezcla en sus instalaciones, se considera originado en Estados Unidos. Añadió que sus clientes conocen la multiplicidad de fuentes del material.
La investigación expone que dos proveedores habituales de la Casa de la Moneda estadounidense obtienen parte de su oro de Dillon Gage. Otra refinería, Asahi USA, con sede en Salt Lake City, también suministra oro a la Casa de la Moneda y admite mezclar mineral de numerosos países, incluido Colombia. Directivos de estas empresas confirmaron que el oro se mezcla y refina sin distinción de origen, y que las transacciones se consideran legales amparadas en documentación de exportación y procesos de fundición.
La Casa de la Moneda de Estados Unidos, responsable de acuñar monedas de inversión con símbolos nacionales y garantía de procedencia, asegura en sus comunicaciones que el oro que utiliza es “principalmente” de origen estadounidense. No obstante, el informe señala que esto no siempre es así.
Mediante documentos y entrevistas, The New York Times reveló que la institución ha recibido oro de minas vinculadas al Clan del Golfo, así como de casas de empeño mexicanas, peruanas y minas africanas con participación estatal china.
El informe destaca que, pese a la prohibición legal vigente desde 1985 en Estados Unidos para la fabricación de lingotes con oro extranjero, la Casa de la Moneda ha seguido recibiendo y procesando oro importado. Esto ha ocurrido incluso después de advertencias internas y bajo diferentes gobiernos.
La investigación describe el proceso mediante el cual el oro ilegal se legaliza y adquiere estatus estadounidense: tras ser mezclado e integrado en la cadena de suministro, pierde su rastro original y pasa a formar parte de monedas de inversión como la American Eagle o la Dama de la Libertad.
El informe concluye que los altos precios internacionales del oro, que rondan los 5.000 dólares la onza, incentivan la extracción y el tráfico ilegal, permitiendo que organizaciones criminales, incluidos carteles y grupos armados, financien actividades ilícitas.
Fuente: Infobae