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¿Operación encubierta en México? Gobernadores fronterizos bajo lupa tras muerte de agentes

El delicado incidente que cobró la vida de dos agentes de la CIA en el estado de Chihuahua, quienes realizaban labores sin la debida acreditación federal, podría no ser un hecho aislado. Esta es la conclusión que se desprende de la información difundida durante el fin de semana en plataformas digitales, la cual, de ser corroborada, agravaría significativamente la ya tensa relación diplomática entre México y Estados Unidos.

La cuenta de la red social X identificada como @hinnojose ha publicado una serie de imágenes que sugieren que al menos otros tres mandatarios de entidades fronterizas habrían concretado acuerdos similares al de Maru Campos con el gobernador de Texas, Greg Abbott. Dichos acuerdos habrían permitido la presencia y operación de agentes estadounidenses en territorio mexicano. Es importante señalar que esta información no ha sido verificada de manera independiente y este medio no puede garantizar la autenticidad de los documentos que circulan.

Los nombres en la mira

Según las publicaciones de la citada cuenta, los gobernadores que habrían participado en estos presuntos pactos son:

  • Maru Campos, gobernadora de Chihuahua.
  • Samuel García, gobernador de Nuevo León.
  • Francisco Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas.
  • Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila.

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<p>Los cuatro políticos lideran o lideraron estados que comparten una extensa frontera con Estados Unidos, una posición geográfica que les confiere un rol estratégico en asuntos de seguridad binacional. Hasta el momento, ninguno de ellos ha emitido una declaración pública respecto a las imágenes difundidas ni sobre la posibilidad de haber suscrito convenios de este tipo con las autoridades texanas. Este medio de comunicación intentó obtener sus posturas, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición.</p>
<h3>El caso confirmado: violación a la ley en Chihuahua</h3>
<p>Más allá de lo que circula en redes sociales, lo que está plenamente documentado y confirmado por el <strong>gabinete de seguridad</strong> del gobierno federal es que los dos agentes de la CIA fallecidos el <strong>19 de abril</strong> en un accidente automovilístico en la sierra de Chihuahua operaban en el país sin permiso alguno.</p>
<p>De acuerdo con los registros migratorios revisados por las autoridades, uno de los agentes ingresó a México <strong>con estatus de turista</strong>, lo que le prohibía realizar cualquier actividad remunerada. El otro portaba un <strong>pasaporte diplomático</strong>, pero carecía de la acreditación necesaria para participar en operativos. Ambos regresaban de colaborar en la localización de laboratorios clandestinos cuando el vehículo en el que viajaban, junto con funcionarios mexicanos, volcó y explotó, causando la muerte de <strong>cuatro personas</strong>: dos elementos de seguridad estatales y los dos agentes estadounidenses.</p>
<p>El gabinete de seguridad, que integran la Defensa Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue contundente: ninguna de estas dependencias tenía conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran realizando operaciones en el país.</p>
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La ley no deja lugar a dudas, pero alguien la pasó por alto

El gobierno federal no dejó espacio para interpretaciones en su comunicado oficial:

“La legislación mexicana no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional. La cooperación internacional en materia de seguridad se desarrolla mediante mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y colaboración técnica, siempre con respeto absoluto a la soberanía nacional”.

Si la normativa es clara y el gobierno federal asegura no estar al tanto, la pregunta que queda en el aire es quién sí lo sabía. La gobernadora Maru Campos, señalada como la funcionaria que habría omitido notificar a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la presencia de los agentes en su estado, evitó pronunciarse públicamente durante el fin de semana. Como respuesta, anunció la creación de una unidad especial para investigar los hechos, una medida que el gobierno federal aún no ha calificado como suficiente.

Una crisis diplomática en el momento más inoportuno

Este incidente ocurre en uno de los periodos más complejos de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) está programada para julio, y la administración de Sheinbaum acaba de proponer a Roberto Lazzeri, un tecnócrata de perfil financiero, como nuevo embajador en Washington, en sustitución de Esteban Moctezuma.

En este escenario, la confirmación de que agentes de inteligencia estadounidense operaron en suelo mexicano sin autorización federal —y la posibilidad de que no haya sido la única ocasión ni el único estado involucrado— añade una capa adicional de tensión a una agenda bilateral ya sobrecargada, donde la soberanía nacional y la cooperación en seguridad han sido puntos de conflicto recurrentes desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Fuente: Infobae

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