Una reciente escalada de violencia en el departamento del Cauca ha puesto en evidencia, según el exministro de Defensa Diego Molano, una consolidación de las estructuras criminales en la zona, tanto en capacidad operativa como en poder de fuego.
Molano señala que los grupos armados ilegales experimentaron un crecimiento sostenido en los últimos años y atribuye las disputas internas entre facciones de las disidencias de las Farc como el detonante de la actual crisis.
Disputas internas y consolidación territorial
De acuerdo con declaraciones recogidas por Telemedellín, Diego Molano vincula la violencia en el suroccidente a un conflicto directo entre “Iván Mordisco” y “Calarcá”, este último reconocido como gestor de paz del Gobierno colombiano. La pugna se centra en el control territorial y la unificación del mando dentro de las disidencias, lo que ha provocado atentados y enfrentamientos recientes.
“Aquí hay una disputa entre alias Iván Mordisco, supuestamente y presuntamente, una de sus unidades fue la que cometió ese atentado terrorista que tiene con alias Calarcá, que es gestor de paz del Gobierno. Hay una disputa de quién se queda con el control de ese territorio para unificar el mando de estas disidencias y tener mayor capacidad”, sostuvo el exministro.
Crecimiento de los grupos armados y cuestionamientos a la Paz Total
Molano indicó que desde el inicio del mandato del presidente Gustavo Petro, los grupos armados ilegales pasaron de cerca de 13.000 integrantes en 2022 a alrededor de 30.000 en la actualidad. Según el exfuncionario, las razones estarían vinculadas con la estrategia de “Paz Total” impulsada por el actual Gobierno, que, a su juicio, confundió los conceptos de paz y seguridad.
“Este Gobierno tenía una paz total que confundió con la política de seguridad y permitió, gracias a que hizo cese al fuego sin ningún control, la creación de estos procesos y mesas de paz sin exigencias previas, sin que dejaran de atacar, que siguieran con el narcotráfico, que dejaran de reclutar menores de edad, y se hizo simultáneamente la orden a las Fuerzas Militares de no operar en esas zonas de cese al fuego, lo que llevó a un crecimiento de estos grupos”, explicó Molano.
Estas afirmaciones son respaldadas por otros analistas, que también observan un incremento en la articulación y capacidad militar de las organizaciones criminales. Jorge Mantilla, experto en conflicto armado, considera que la actual ofensiva de las disidencias no responde a una reacción desesperada, sino a una estrategia coordinada y bien preparada.
El papel de las economías ilícitas y la coyuntura electoral
El Cauca y gran parte del suroccidente colombiano son zonas estratégicas para el desarrollo de economías ilícitas, especialmente el narcotráfico. Javier Flórez, director de la Agenda de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), sostiene que el motor de la actual oleada violenta es de carácter económico y territorial, más que ideológico.
“Esto ya no es un tema ideológico, es un tema más económico y territorial. Nos toca entender esas economías ilícitas, no solamente el narcotráfico, o sea, no solamente los cultivos de coca, que son muy importantes en unas zonas claves alrededor de Cali”, puntualizó Flórez en Noticias Caracol.
La cercanía de las elecciones presidenciales también emerge como un factor relevante. Analistas consideran que la violencia y los atentados pueden representar una forma de presión política para influir en el retorno a las mesas de negociación y en la política de cese al fuego.
“Aquí estamos ante un chantaje político mediante el uso del terrorismo. El interés principal del Estado Mayor Central, de sus estructuras, de la Jaime Martínez y otras, es volver a la mesa de negociación, es que las comunidades le pidan al Estado volver a estas mesas de cese al fuego, que al final sirvieron para disminuir la violencia, pero a un costo enorme. Y ese costo es el que estamos viendo hoy”, analizó Mantilla en el mismo medio.
Propuestas y advertencias sobre la crisis de seguridad
Entre las recomendaciones de los expertos, destaca la necesidad de reforzar la presencia institucional en el territorio. Daniel Gómez, especialista en seguridad, considera fundamental que el Estado recupere la iniciativa y reactive el diálogo con todos los actores armados. Para Flórez, la intervención militar debe ir acompañada de una presencia estatal continua, más allá del despliegue de tropas.
Molano, por su parte, cuestionó lo que interpreta como un debilitamiento de la fuerza pública, señalando recortes presupuestales y falta de respaldo institucional como factores que agravan la crisis.
“Si no se toman medidas urgentes, el escenario será más complejo. Las proyecciones, si no se hace algo contundente en el corto y mediano plazo, pueden ser muy difíciles en estas áreas y en otras áreas. Esta es una de las áreas de mayor uso de drones y de manera intensiva para acciones ofensivas por parte del Estado Mayor Central”, advirtió Flórez.
La situación en el Cauca y en el suroccidente colombiano permanece en máxima alerta, con demandas crecientes de la sociedad civil y de diferentes sectores para que el Gobierno nacional adopte una respuesta contundente frente a las acciones terroristas.
Fuente: Infobae
