Dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) perdieron la vida el pasado 19 de abril en un siniestro vial ocurrido en Chihuahua, durante un operativo antinarcóticos. Ninguno contaba con acreditación formal para actuar en territorio mexicano. Uno de ellos ingresó al país como turista, sin permiso para labores remuneradas; el otro portaba pasaporte diplomático.
Así lo confirmó el gabinete de seguridad del gobierno federal en una tarjeta informativa difundida este domingo, horas después de que la gobernadora María Eugenia Campos evitara pronunciarse públicamente sobre el caso.
Ni la SRE ni el gabinete sabían
El documento es contundente:
“Las instituciones que integran el gabinete de seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores no tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando, o fueran a participar físicamente en alguna acción operativa dentro del territorio nacional”.
La declaración sitúa a la administración de Campos en el epicentro de la controversia. La mandataria —impulsora de la Plataforma Centinela, cuyo piso 18 albergará de forma permanente a elementos del FBI, DEA y CBP— no informó al gobierno federal sobre la presencia de agentes estadounidenses en su territorio.
Lo que dice la ley
El gabinete fue preciso en su postura legal:
“La legislación mexicana es clara: no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional. La cooperación internacional en materia de seguridad se desarrolla mediante mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y colaboración técnica, siempre con respeto absoluto a la soberanía nacional”.
Actualmente se realizan revisiones en coordinación con autoridades locales y con la embajada de Estados Unidos en México.
Cuatro muertos, dos países y muchas preguntas sin responder
El accidente del 19 de abril dejó cuatro personas fallecidas: dos elementos estatales y dos agentes estadounidenses. El gabinete extendió condolencias a sus familias y reiteró la disposición del gobierno mexicano de mantener “una relación estrecha, seria y respetuosa con el gobierno de Estados Unidos”.
Lo que nadie ha respondido hasta ahora es quién autorizó el operativo, cómo llegaron esos agentes a Chihuahua y por qué la gobernadora del estado no notificó a las autoridades federales.
Fuente: Infobae