La justicia internacional ha dado un paso decisivo este jueves al confirmar que el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, deberá enfrentar un juicio formal. El Tribunal Penal Internacional (TPI) ratificó la totalidad de los cargos que pesan sobre el exmandatario, a quien se vincula directamente con la comisión de crímenes de lesa humanidad en el marco de su estrategia denominada ‘guerra contra las drogas’.
La decisión fue tomada de manera unánime por los magistrados que integran la Sala de Cuestiones Preliminares I. Tras concluir una serie de audiencias previas desarrolladas durante los últimos meses, el tribunal emitió un comunicado oficial donde valida los tres cargos principales presentados contra el político filipino, despejando así el camino para el inicio del proceso judicial.
Según el dictamen de la corte, existen indicios con peso ‘significativo’ para considerar a Duterte como responsable de delitos graves de asesinato e intento de asesinato. Estas acciones se enmarcan en lo estipulado por el artículo 7 del Estatuto de Roma, que es el tratado fundacional del organismo. El tribunal puntualizó que estos delitos fueron perpetrados como parte de un ‘ataque sistemático’ dirigido contra la población civil en suelo filipino.
Periodo bajo investigación
La jurisdicción del tribunal abarca un periodo específico que se extiende desde noviembre de 2011 hasta el año 2019, tiempo que coincide con parte de su mandato presidencial. La sala fundamentó su resolución tras un análisis exhaustivo de los argumentos y evidencias entregadas por la Fiscalía, concluyendo que los hechos denunciados cumplen con los requisitos de gravedad para ser juzgados internacionalmente.
Durante el proceso judicial previo, la defensa del expresidente, quien actualmente cuenta con 81 años de edad, intentó introducir nuevos reportes sobre su estado de salud con el fin de modificar el curso de las investigaciones. No obstante, estas pretensiones fueron desestimadas por los jueces. Por el contrario, el tribunal sí tomó en consideración la documentación aportada por grupos de víctimas y familiares, quienes han mantenido una participación activa en la búsqueda de responsabilidades por las ejecuciones ocurridas en el país asiático.
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