Ricardo Roa, el alto directivo que preside la estatal petrolera Ecopetrol y quien actualmente goza de una licencia no remunerada hasta el 21 de junio de 2026, ha desmentido públicamente las especulaciones sobre una posible salida definitiva de Colombia. El funcionario aclaró su situación frente a los diversos conflictos legales que cursan en su contra y aseguró su permanencia en territorio nacional.
En declaraciones ofrecidas a la prensa, Roa rechazó categóricamente las versiones que indicaban que estaría buscando refugio político en el extranjero. Por el contrario, el ejecutivo ratificó su disposición para responder ante las autoridades competentes por los procesos judiciales que lo involucran.
En este sentido, Roa comunicó que estará presente en la audiencia programada para el próximo 8 de mayo en el Complejo Judicial de Paloquemao, ubicado en Bogotá. Durante esta diligencia, la Fiscalía General de la Nación procederá a la imputación de cargos relacionados con la presunta vulneración de los límites de gastos permitidos durante la campaña electoral de Gustavo Petro en el año 2022.
“No me voy del país, amo mi país, aquí tengo mi familia y estoy listo para ir a mi audiencia el próximo 8 de mayo”
expresó con firmeza el presidente de la petrolera.
Asimismo, el directivo se mostró sorprendido ante los rumores que lo vinculaban con un posible asilo en Nicaragua, nación donde se encuentra Carlos Ramón González, exlíder del Dapre, quien actualmente es buscado por la justicia tras ser señalado en la trama de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).
“Yo no me voy a bailar con Carlos Ramón González a Nicaragua. Ese no es mi caso”
puntualizó Ricardo Roa de manera enfática.
Respecto a su situación actual, el funcionario indicó que se encuentra en un periodo de descanso y tiene planeados diversos traslados por motivos personales junto a su pareja. Entre sus destinos internacionales figuran México, Brasil, Estados Unidos y Honduras, mientras que en el ámbito local visitará La Guajira y Bucaramanga.
Es importante destacar que durante la vigencia de su licencia, que se extiende desde el 7 de abril hasta mediados de 2026, la presidencia encargada de Ecopetrol ha sido asumida por Juan Carlos Hurtado Parra, quien se desempeña como vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos.
Los motivos detrás de la investigación a Ricardo Roa
La situación jurídica del presidente de Ecopetrol se divide en dos ejes principales: la presunta violación de los topes financieros en la campaña de Gustavo Petro y una acusación por tráfico de influencias.
En relación con el primer punto, el proceso se deriva de la información remitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la Fiscalía en noviembre de 2025. La autoridad electoral determinó que los recursos utilizados en la campaña excedieron los límites legales en una cifra superior a los 5.300 millones de pesos.
De este monto global, se desglosan 3.700 millones de pesos en gastos no reportados durante la primera vuelta electoral y 1.600 millones adicionales en la segunda vuelta, según los hallazgos consignados por el CNE.
El ente electoral también identificó el uso de mecanismos de financiación no permitidos por la normativa. Entre estos se incluyen aportes de la Unión Sindical Obrera de Ecopetrol (USO), fondos de Fecode, el apoyo de la Unión Patriótica (UP), contratos de publicidad con Caracol TV y gestiones realizadas a través de la firma Ingenial Media SAS para el pago de delegados electorales.
Por otra parte, el cargo de tráfico de influencias se basa en la sospecha de que Roa utilizó su posición para favorecer intereses privados. La Fiscalía pone especial atención en la adquisición de un inmueble en el norte de la capital por un valor de 1.800 millones de pesos, un precio sustancialmente inferior a su avalúo comercial estimado de 2.700 millones de pesos (aproximadamente un 34% de descuento).
Este hecho se vincula con la adjudicación de un contrato de regasificación en La Guajira a la empresa Gaxi SAS, cuyo dueño es Juan Guillermo Mancera, quien fue precisamente el vendedor del apartamento mencionado.
Las pruebas en poder de las autoridades incluyen registros de reuniones, como una realizada el 20 de agosto de 2004 —tras una sesión de la directiva de Hocol— y un encuentro en un restaurante bogotano, donde presuntamente se coordinaron estas acciones.
Esta nueva citación representa el tercer intento del ente acusador por formalizar los cargos contra Roa. Las diligencias anteriores, del 12 de marzo y el 8 de abril, fueron postergadas por solicitudes de la defensa y la ausencia del representante legal del ejecutivo. Ante este escenario, la Fiscalía ha manifestado su determinación de no permitir más retrasos en el proceso.
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