La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha manifestado su total respaldo a la reciente sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra Hungría. El organismo internacional ha demandado la «urgente derogación» de la normativa que estigmatiza a la comunidad LGTBI, la cual fue promovida por la administración del primer ministro Viktor Orbán.
A través de un pronunciamiento oficial en plataformas sociales, la oficina liderada por Volker Türk, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, expresó su satisfacción con la resolución judicial.
«Aplaudimos el fallo del TJUE indicando que la ley anti LGTBI de 2021 viola los Derechos Humanos fundamentales»
, destacó la entidad defensora de las libertades globales.
Principios innegociables y derechos fundamentales
La ONU fue enfática al recordar que aspectos como «la dignidad humana, la privacidad, la vida familiar, la libertad de expresión y la no discriminación por orientación sexual e identidad de género son innegociables». En vista de estas vulneraciones, el organismo internacional sentenció de forma categórica que
«Estas cláusulas legales en Hungría deben derogarse de forma urgente»
, instando al Estado húngaro a rectificar su postura legislativa.
El fallo dictado por el TJUE este martes establece que Hungría vulnera los derechos primordiales del colectivo LGTBI al impulsar una ley que fomenta la marginación. La justicia europea cuestiona que la legislación vincule erróneamente la homosexualidad o el proceso de cambio de sexo con actos delictivos como la pedofilia. Además, la sentencia marca un hito al declarar, por primera vez en un recurso contra un Estado miembro, una violación al artículo 2 del Tratado de la Unión, que establece los valores esenciales de la Unión Europea.
Antecedentes de la reforma legal húngara
La controversia se originó en el año 2021, cuando el Parlamento de Hungría aprobó una reforma legislativa impulsada por el Ejecutivo de Orbán. Aunque la normativa se presentó bajo el pretexto de fortalecer la lucha contra la pedofilia, en la práctica introdujo criterios que estigmatizan a los homosexuales y al colectivo en general. Entre las medidas más polémicas se encuentra la censura de programas educativos y charlas sobre diversidad sexual en las escuelas, bajo el argumento de relacionar dichas temáticas con conductas de carácter delictivo.
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