En una reciente y controversial declaración, el aspirante a la presidencia por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ha arremetido nuevamente contra las máximas autoridades electorales de su país. El político dirigió sus ataques hacia Roberto Burneo, quien preside el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y Piero Corvetto, extitular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). López Aliaga advirtió que, si no se autoriza lo que él denomina como “elecciones complementarias”, la situación social se desbordará, señalando textualmente que en ese escenario “arde Troya”.
A través de una emisión en vivo realizada en su plataforma oficial de Facebook, el líder político intentó sustentar una teoría de fraude electoral, a pesar de que diversas organizaciones internacionales y entes especializados han descartado tales irregularidades. En dicha intervención, el candidato acusó directamente a Roberto Burneo de actuar como “cómplice” de Piero Corvetto, sobre quien recaen señalamientos críticos respecto a la transparencia de los próximos comicios generales de 2026.
López Aliaga se mostró inflexible durante su alocución, afirmando que no permitirá lo que considera una injusticia criminal. Dirigiéndose al titular del JNE, manifestó:
“Señor (Roberto) Burneo, usted está siendo cómplice de un señor Corvetto que va a terminar en la cárcel. Señor Burneo, usted tiene que dar una solución para que 1.5 millones de peruanos ejercen su derecho (al voto)”
. Estas palabras refuerzan la postura de confrontación que ha mantenido el candidato frente al sistema electoral.
Amenazas de persecución personal
La retórica del líder de Renovación Popular se tornó más personal al referirse al futuro legal del exjefe de la ONPE. A pesar de que no se ha confirmado una investigación formal por parte de la Fiscalía en esos términos específicos, el candidato aseguró que el exfuncionario enfrentará una larga condena privativa de la libertad. Sus declaraciones fueron contundentes:
“El señor Corvetto va a terminar veinte años en la cárcel y yo me voy a, voy a encargarme de eso, voy a perseguirlo hasta que se muera”
.
Acciones de la Procuraduría General
Paralelamente a estas declaraciones políticas, la Procuraduría General del Estado ha tomado medidas legales. Mario Luna Ramos, en su calidad de procurador público especializado en delitos de corrupción (e), solicitó formalmente al Ministerio Público que se incorpore a Piero Corvetto Salinas y a Edward Eloy Alarcón González, gerente de administración de la ONPE, en una investigación preliminar. El proceso se centra en el presunto delito de colusión agravada.
Este pedido, formulado por la Procuraduría, busca esclarecer las irregularidades detectadas durante la jornada de votación del pasado 12 de abril. La intención es lograr una “ampliación, precisión de hechos e identificación de presuntos implicados” en situaciones que habrían obstaculizado el derecho al sufragio de miles de ciudadanos en el territorio peruano.
La dimisión de Piero Corvetto
Cabe recordar que el pasado 21 de abril, el ahora exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, oficializó su renuncia al cargo. Esta decisión se produjo tras las fallas logísticas reportadas en los comicios celebrados el domingo 12 de abril, correspondientes a la primera vuelta de las elecciones generales. En su misiva de renuncia, dirigida a María Teresa Cabrera, presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Corvetto explicó:
“Considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada, en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta de la elección presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana con la ONPE”
Aunque el exfuncionario defendió su gestión asegurando haber cumplido con integridad sus funciones, reconoció que los problemas focalizados ocurridos durante la jornada electoral constituyeron una situación que le impidió continuar liderando la institución.
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