Ante la comisión del Senado encargada de fiscalizar la gestión de la SEPI, el exresponsable de la asesoría jurídica de Globalia, Ramiro Campos Gallego, ha afirmado con rotundidad que Begoña Gómez, cónyuge del presidente del Gobierno, no tuvo “nada” que ver en el proceso de concesión de los fondos públicos otorgados a Air Europa. En su comparecencia, el antiguo directivo defendió tanto la transparencia como la legalidad estricta de esta operación financiera.
Durante su declaración, Campos Gallego insistió en que la intervención estatal no debe calificarse como un rescate, como sugiere el Partido Popular, sino estrictamente como un “préstamo”. Según explicó, las condiciones impuestas para acceder a estos recursos fueron “muy significativas”, llegando incluso a sugerir que podrían ser calificadas de “abusivas” debido a su exigencia. Asimismo, subrayó que la deuda ha sido devuelta íntegramente, incluyendo todos los intereses pactados.
Detalles de la gestión y contactos institucionales
El exjefe jurídico detalló que su participación y la de su equipo técnico fue fundamental en el diseño de la estructura financiera del crédito. No obstante, negó categóricamente haber formado parte de encuentros entre Javier Hidalgo, anterior consejero delegado de Globalia, y Nadia Calviño, quien en ese momento lideraba el Ministerio de Economía.
A pesar de esto, Campos Gallego admitió haber mantenido reuniones con Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI, durante la tramitación del expediente. Estos contactos fueron definidos por el compareciente como parte de la dinámica normal y necesaria para la gestión técnica de un financiamiento de esta envergadura.
Fiscalización y aval de la Unión Europea
Respecto a las críticas sobre un supuesto ocultismo frente a los reguladores internacionales, el compareciente fue tajante al señalar que la operación “sí fue comunicada a Bruselas”. Explicó que, a inicios de octubre de aquel año, la propia SEPI solicitó la traducción al inglés del plan de viabilidad de la aerolínea para su posterior remisión a las autoridades de la Unión Europea.
“La Justicia avaló el procedimiento seguido tras una denuncia de Ryanair, lo que confirma la legalidad de la concesión y el respaldo institucional al proceso”, recordó Campos.
El exdirectivo reiteró que los 475 millones de euros asignados, cuyo vencimiento estaba programado para antes del 26 de noviembre de 2026, ya han sido liquidados en su totalidad. Para el jurista, este retorno anticipado de los fondos “confirma el carácter de préstamo, y no de rescate”, premisa que la organización ha sostenido de manera persistente.
Igualdad de condiciones en una situación de emergencia
Finalmente, se descartó cualquier tipo de trato preferente hacia la aerolínea para entrar en el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Campos Gallego argumentó que, si bien fueron los primeros en recibir el visto bueno, fue porque la empresa “trabajó mucho para ser la primera” en cumplir escrupulosamente con los requisitos fijados, en igualdad de condiciones con otras entidades solicitantes.
Para concluir, describió el escenario de extrema vulnerabilidad que vivía la compañía en octubre de 2020, cuando su tesorería apenas registraba 3,5 millones de euros y las vías de financiamiento bancario tradicional estaban cerradas. Bajo ese contexto, acudir al fondo estatal representaba “el último recurso” para garantizar la supervivencia de la aerolínea, salvaguardar miles de puestos de trabajo y permitir que, tras la reactivación del mercado, el Estado recuperara cada euro invertido.
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