La Fiscalía General de la República (FGR) ha asestado un golpe contundente contra la delincuencia organizada en territorio mexicano. Ulises Lara, quien se desempeña como fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, confirmó recientemente la desarticulación de lo que se considera una de las organizaciones más influyentes en el contrabando de hidrocarburos en el país.
De acuerdo con el fiscal, este resultado es fruto de un seguimiento exhaustivo a diversas líneas de investigación que tuvieron su origen en un operativo realizado en marzo de 2024. En dicha intervención, efectuada en el puerto de Altamira, Tamaulipas, las autoridades lograron asegurar el buque denominado ‘Challenge Procyon’. Esta embarcación transportaba un cargamento ilícito de 10 millones de litros de diésel, hecho que también resultó en la detención de 11 funcionarios públicos vinculados directamente con el caso.
“En una acción sin precedentes, como parte del trabajo permanente y sostenido que realiza esta institución a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación permanente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se han desarrollado diversas líneas de investigación que han permitido identificar y desmantelar una de las más importantes redes de contrabando de combustible”
Lara destacó que, tras la ejecución de aquel operativo, se mantuvo un despliegue de inteligencia contra el huachicol. Estas labores permitieron identificar a diversas compañías que participaban activamente en el tráfico de combustible, empleando esquemas de simulación de operaciones comerciales. Se estima que estas transacciones fraudulentas alcanzaron un valor aproximado de 23 mil millones de pesos.
¿Cuál era su modo de operar?
El fiscal detalló que las agrupaciones criminales hacían uso de documentación falsa o con datos inexactos para burlar los controles. De igual manera, se apoyaron en la creación de “empresas fachada” y aprovecharon vulnerabilidades en los sistemas de supervisión para estructurar un entramado que facilitaba el contrabando y les permitía eludir sus obligaciones regulatorias y fiscales.
Asimismo, las autoridades detectaron que esta red delictiva operaba bajo una sofisticada logística multimodal. Este esquema coordinaba diferentes medios de transporte para la introducción, el traslado y la venta ilegal de los hidrocarburos:
- Transporte marítimo para el ingreso inicial al país.
- Infraestructura ferroviaria para el desplazamiento masivo de los recursos.
- Transporte terrestre para la redistribución y comercialización final.
Este entramado logístico tenía presencia activa en los estados de Tamaulipas, Querétaro y Jalisco. El sistema les otorgaba la capacidad de fragmentar la trazabilidad del producto desde su llegada a los puertos marítimos, dificultando el rastreo de la mercancía mientras se movía a gran escala por las vías del tren antes de ser distribuida por carretera.
Para evadir la vigilancia aduanera y fiscal, los cargamentos eran etiquetados falsamente como aditivos, aceites o lubricantes. Según informó la FGR, los delincuentes utilizaban declaraciones apócrifas, muestras de producto adulteradas y la emisión de facturas falsas para encubrir la verdadera naturaleza y el volumen de los hidrocarburos introducidos a México.
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