La inestabilidad en el sector energético de Bolivia se agudiza tras la salida de Claudia Cronenbold, quien este miércoles presentó su dimisión con carácter irrevocable a la presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La decisión se produce apenas 23 días después de haber sido juramentada por el primer mandatario, Rodrigo Paz. La renuncia fue formalizada a través de una misiva enviada tanto al jefe de Estado como al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, dejando en evidencia la fragilidad de una gestión que no logró consolidarse en medio de una crisis por la calidad de los combustibles que golpea al país desde el pasado mes de diciembre.
Un diagnóstico desalentador y estructural
En su carta de despedida, Cronenbold, una experimentada ingeniera industrial con dos décadas de trayectoria en el sector, explicó que, tras realizar una evaluación técnica y administrativa, encontró un
“estado institucional significativamente más deteriorado de lo previsto”
. La ahora exfuncionaria subrayó que la recuperación de la estatal petrolera requiere de una reingeniería legal y administrativa de largo plazo, la cual choca frontalmente con la celeridad que exige el Ejecutivo. Según sus palabras, su visión profesional no debe interferir con los objetivos urgentes del Gobierno:
“No deseo que los tiempos técnicos que mi visión profesional demanda se conviertan en un obstáculo para las metas inmediatas del Estado”
.
La exejecutiva no dudó en señalar a los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) como los artífices del declive de la empresa. En su denuncia, afirmó que durante las últimas dos décadas se construyó en YPFB lo que calificó como
“una arquitectura perniciosa”
llena de trabas o “candados” que complican su desmantelamiento. Al alejarse del cargo, Cronenbold sugirió al Gobierno buscar nuevas estrategias de gestión que se ajusten a las prioridades nacionales, dejando entrever que la estatal enfrenta obstáculos que van más allá de lo puramente técnico para entrar en el terreno político.
Inestabilidad en la cúpula directiva
Esta dimisión representa el segundo cambio de liderazgo en YPFB en menos de dos meses. Cronenbold había asumido el mando el pasado 30 de marzo, sustituyendo a Yussef Akly, quien fue removido tras las intensas movilizaciones de los sindicatos de transporte en La Paz y El Alto por la comercialización de gasolina de baja calidad. Durante su toma de posesión, el presidente Paz había augurado el inicio de un “segundo tiempo” para la petrolera, con la meta de incrementar la producción nacional de gasolina y devolverle su vigor institucional. No obstante, dicho proyecto se ha visto truncado en menos de un mes.
La actual situación crítica tiene su origen en una reforma estructural implementada el 18 de diciembre del año pasado. En esa fecha, el Gobierno decidió suprimir los subsidios a los hidrocarburos, terminando con una política de precios congelados que duró más de veinte años y que representaba un gasto fiscal de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares anuales. Como consecuencia, el costo de la gasolina especial escaló de 3,74 a 6,96 bolivianos por litro, mientras que el diésel sufrió un incremento del 163%. Aunque la medida buscaba combatir el contrabando —que absorbía casi la mitad del diésel subsidiado—, la transición generó fallas operativas que la estatal no pudo contener.
Problemas de calidad y compensaciones económicas
A principios de febrero, la propia YPFB reconoció la presencia de contaminantes como manganeso y residuos de goma en sus tanques de almacenamiento, describiéndolo como un desajuste químico heredado de gestiones previas. Esta deficiencia en el combustible provocó daños masivos en vehículos, desatando protestas en todo el país. Para mitigar el conflicto, el Ejecutivo lanzó el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), a través del cual se han pagado más de dos millones de dólares para indemnizar a los propietarios de más de 7.100 vehículos afectados. Pese a esto, el malestar persiste; los transportistas se han declarado en “emergencia nacional” y amenazan con nuevas protestas.
Finalmente, el panorama se complica por la vulnerabilidad externa de Bolivia. Actualmente, el país depende de las importaciones para cubrir la totalidad del diésel y el 60% de la gasolina consumida, trayendo el producto desde naciones como Argentina, Chile, Perú y Paraguay. Con la caída de la producción interna, el agotamiento de las reservas internacionales y el cese de contratos de exportación de gas con Argentina y la reducción por parte de Brasil, la estatal boliviana se queda sin espacio de maniobra. En este complejo escenario, la empresa debe lidiar con el desafío del suministro constante y una crisis de calidad técnica que aún no ha sido resuelta de manera definitiva.
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