La Corte Constitucional (CC) del Ecuador emitió un dictamen favorable que permite al presidente Daniel Noboa avanzar con su propuesta de referéndum para modificar la estructura de designación de autoridades en el país. El objetivo central de esta iniciativa es eliminar la potestad que actualmente posee el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para nombrar a las máximas autoridades del Estado y transferir dicha competencia a la Asamblea Nacional.
El camino legal y las correcciones de forma
El organismo constitucional constató que el Ejecutivo corrigió un error de forma previo respecto al artículo 207 de la Constitución de la República. Aunque inicialmente existieron observaciones porque el contenido de la propuesta no fue remitido de manera directa por el presidente a la Corte, sino a través del Consejo Nacional Electoral (CNE), la magistratura decidió dar trámite a la remisión por razones de economía procesal.
Finalmente, el Pleno de la Corte, bajo la ponencia de la jueza Karla Andrade Quevedo, resolvió el 19 de marzo de 2026 emitir el Dictamen 9-25-RC/26A, condicionando su favorabilidad a que se especifique claramente la reforma al artículo 207 en los anexos de la propuesta.
La pregunta que llegará a las urnas: del Cpccs a la Asamblea
La interrogante planteada a la ciudadanía busca implementar procesos públicos que garanticen la meritocracia y el escrutinio público. El texto que se someterá a votación pregunta a los ecuatorianos si están de acuerdo con que la Asamblea Nacional, mediante nuevos mecanismos, designe a las autoridades que hoy elige el Cpccs.
Entre las 77 autoridades que cambiarían su modo de selección se encuentran:
- El Procurador Genera
- El Fiscal General
- El Contralor
- El Defensor del Pueblo
- Consejo de la Judicatura
- Los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral.
Justificaciones de la reforma
El sustento del Ejecutivo para este cambio se apoya en datos sobre la gestión del Cpccs. Según los considerandos de la propuesta, la institución destinó aproximadamente USD 142 millones desde su creación, de los cuales el 96,94% se ha ocupado en gastos administrativos.
Esto, según la propuesta, dejó porcentajes mínimos para la promoción de la participación ciudadana (0,29%) y nulos para la lucha contra la corrupción (0,00%). Además, se argumenta que el sistema actual concentra decisiones trascendentales en solo cuatro de los siete consejeros del organismo.
El nuevo modelo de designación
De aprobarse la enmienda, se crearían comisiones técnicas de selección integradas por delegados de las cinco funciones del Estado, ciudadanos por sorteo y representantes académicos de las universidades. Estas comisiones emitirían informes vinculantes con listas de candidatos en orden de prelación, los cuales deberán ser votados por la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional (77 votos).
De ser así, los ciudadanos recibirían una papeleta adicional para decidir sobre el futuro de la designación de autoridades en el Ecuador.