En el marco del tratamiento y previo a la construcción del informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica de Aviación Civil, la Comisión de Desarrollo Económico recibió a Bernarda Franco, secretaria de la Junta de Aviación Civil de República Dominicana, y a Juan Carlos Sánchez, asesor de la Dirección General de Aviación Civil.
Desde un enfoque técnico, Franco enfatizó la necesidad de fortalecer la seguridad operacional como eje central del objeto de la ley, en alineación con estándares y recomendaciones internacionales. Señaló que, si bien el proyecto delimita competencias entre el Ministerio y la Dirección General de Aviación Civil, aún no se identifica con claridad el mecanismo institucional para el ejercicio de dichas funciones.
En el ámbito institucional, destacó la importancia de precisar el destino y la administración de los recursos generados por la autoridad aeronáutica, así como de reforzar la figura del Director General, estableciendo una responsabilidad personal directa en el cumplimiento de sus atribuciones, conforme a exigencias de auditorías internacionales.
En materia regulatoria, sugirió evitar la incorporación de excesivos detalles técnicos dentro de la iniciativa, especialmente en temas aerocomerciales, tarifas, tripulación y requisitos operativos, proponiendo que estos aspectos se mantengan en reglamentos o instrumentos más flexibles que permitan adaptarse a la dinámica del sector.
Adicionalmente, observó sobre la falta de definición en torno a la dependencia de la comisión investigadora de accidentes, advirtiendo que su subordinación a la autoridad aeronáutica podría generar conflictos de interés, por lo que recomendó garantizar su independencia.
Franco también identificó la necesidad de clarificar el alcance del registro de tarifas, revisar la coherencia del régimen sancionatorio y ordenar la dispersión de temas comerciales en el articulado. Concluyó que, dada la amplitud del proyecto, es indispensable profundizar el análisis para asegurar coherencia técnica y operativa en su implementación.
Por su parte, Sánchez subrayó la urgencia de modernizar el marco normativo aeronáutico ecuatoriano, señalando que la legislación vigente supera las cinco décadas y responde a un contexto previo a la Constitución de 2008, lo que hace imprescindible su actualización, tanto en el ámbito técnico como jurídico.
En ese sentido, destacó el esfuerzo de la Asamblea Nacional por construir una nueva Ley Orgánica de Aviación Civil alineada con estándares internacionales, en respuesta a observaciones derivadas de auditorías recientes que evidenciaron debilidades en control, vigilancia y régimen sancionatorio.
Asimismo, explicó que la iniciativa incorpora pilares fundamentales como la seguridad operacional, la protección de los derechos de los pasajeros, la regulación de nuevas tecnologías como drones, la sostenibilidad ambiental, la competitividad del sector y la implementación de políticas de cielos abiertos para fortalecer la integración internacional.
Finalmente, resaltó que la propuesta busca unificar la normativa existente en un solo cuerpo legal, eliminando contradicciones y garantizando coherencia con la legislación nacional e internacional, lo que permitirá al país cumplir con estándares globales, mejorar su posicionamiento en el sector aeronáutico y responder eficazmente a las exigencias del sistema internacional de aviación civil.
MEV