La plataforma Hazte Oír, que ejerce el liderazgo de la acusación popular en el proceso judicial conocido como ‘caso Begoña Gómez’, ha solicitado formalmente una pena de 24 años de prisión para la esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Además de la privación de libertad, la organización ha demandado medidas cautelares urgentes, como la prohibición de abandonar el territorio nacional y la retirada inmediata de su pasaporte, argumentando la existencia de un
«evidente riesgo de fuga»
.
En el documento de acusación presentado ante las autoridades judiciales, la entidad solicita que se dé inicio al juicio oral contra Gómez. Se le atribuyen presuntas responsabilidades en delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Esta postura legal se presenta en nombre del conjunto de acusaciones populares que forman parte del proceso, entre las que figuran organizaciones como Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa y el Movimiento de Regeneración Política de España.
La ofensiva legal de Hazte Oír no se limita únicamente a la figura de Begoña Gómez. El escrito también contempla una petición de 22 años de cárcel para Cristina Álvarez, quien se desempeñaba como asesora de Gómez en el Palacio de la Moncloa. A Álvarez se le acusa de supuesta malversación y de actuar como
«cooperadora necesaria»
en los otros delitos imputados a la cónyuge del mandatario español.
Penas para empresarios y medidas cautelares
Por otra parte, la acusación ha requerido una condena de seis años de cárcel para el empresario Juan Carlos Barrabés, señalándolo por supuestos delitos relacionados con corrupción en los negocios y tráfico de influencias. La organización sostiene que, dada la gravedad de las penas solicitadas, existe
«un evidente y fundado riesgo de fuga por parte de los tres»
implicados principales.
Debido a esta sospecha, han solicitado al juez que imponga restricciones de movilidad que incluyan la imposibilidad de salir de España sin un permiso judicial previo, la entrega de sus documentos de viaje y la comparecencia obligatoria cada 15 días en la sede judicial correspondiente.
Es importante recordar que el magistrado a cargo de la instrucción, Juan Carlos Peinado, ha centrado sus indagaciones en cuatro ejes fundamentales:
- El presunto tráfico de influencias ejercido por Gómez para beneficiar a las empresas de Barrabés.
- Las irregularidades en la gestión de la cátedra y los másteres que la investigada codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
- La supuesta apropiación indebida de un software desarrollado para dicha cátedra universitaria.
- El proceso de nombramiento de Cristina Álvarez como asesora personal dentro de la estructura de la Presidencia del Gobierno.
Presunta mediación con la Presidencia del Gobierno
Sobre el origen de la cátedra universitaria, Hazte Oír afirma que Begoña Gómez habría sacado provecho de su vínculo con el jefe del Ejecutivo. Según el escrito, la investigada ofreció a directivos de diversas compañías de mediano y gran tamaño su
«interlocución»
directa con su esposo, Pedro Sánchez, ya fuera de manera directa o mediante terceros.
La tesis de la acusación sostiene que Gómez utilizaba su participación pública para obtener beneficios personales, tales como aportaciones económicas, servicios o trabajos técnicos, sin que esto le supusiera desembolso alguno.
«Tal proceder motivó la obtención de patrocinios, servicios, soporte técnico, capital relacional y posicionamiento competitivo para poder realizar un programa informático único en el mercado y a un precio altamente competitivo, pues lo obtuvo sin coste»
, señala el documento, añadiendo que su intención final era presuntamente desviar la propiedad de dicho producto hacia su patrimonio privado.
En lo referente a la asesora Cristina Álvarez, la acusación subraya que su salario público debería estar destinado exclusivamente a la gestión de la agenda institucional y no a favorecer intereses mercantiles privados.
«Y por ello, Álvarez, con ánimo de lucro, ha estado percibiendo y apropiándose de un sueldo establecido en razón de sus funciones públicas dedicando su tiempo de trabajo a la actividad laboral de Gómez»
, enfatiza el escrito, que incluye una lista detallada de eventos donde la asistente estuvo presente.
Testigos clave y nexos empresariales
La acusación también destaca la relación entre Gómez y Barrabés, la cual habría avanzado en paralelo a la creación de la cátedra. Se menciona que la investigada firmó, como codirectora académica, dos cartas de apoyo para ofertas presentadas por Barrabés en concursos de la entidad pública Red.es, los cuales terminaron en adjudicaciones de contratos entre los meses de julio y agosto del año 2021.
Para profundizar en los hechos, Hazte Oír ha solicitado el testimonio de figuras de alto nivel, entre las que destacan:
- Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
- Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, para aclarar el rol de Cristina Álvarez.
- Joaquín Goyache, rector de la UCM, sobre las reuniones en Moncloa y la cátedra.
- Víctor de Aldama y Javier Hidalgo (exCEO de Air Europa), para explicar los vínculos comerciales.
- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La defensa de Begoña Gómez arremete contra el juez
Frente a estas acusaciones, la defensa de Begoña Gómez ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid criticando duramente la labor del juez Peinado. Según la defensa, los delitos imputados no están probados ni corresponden a los hechos reales.
«Da la sensación de que se pretende llegar a un objetivo, aunque sea a costa de masacrar la verdad»
, sostiene el recurso.
Asimismo, los abogados de la esposa del presidente rechazan que existiera una influencia ilegítima o un acceso institucional privilegiado por razones personales. Acusan al instructor de actuar de forma arbitraria para llevar el caso ante un tribunal de jurado, lo que consideran una violación del derecho al juez predeterminado por la ley.
Finalmente, Gómez ha calificado de
«absolutamente inaceptable»
la mención del juez Peinado a la época del rey Fernando VII en uno de sus autos, donde comparaba las conductas en palacios presidenciales con regímenes absolutistas. La investigada afirma que tales expresiones le hacen
«dudar de la imparcialidad del instructor»
, tildando sus palabras de impropias y perjudiciales para la imagen de la justicia española.
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