La consejera suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), María Cristina Kronfle, emitió una advertencia jurídica dirigida a la presidenta Diana Atamaint y a los consejeros del organismo. Solicitó el archivo inmediato de los procedimientos de cancelación iniciados contra el Movimiento Construye y el Partido Unidad Popular.
Según el documento, las actuaciones sucesivas del propio CNE generaron una contradicción legal que vulnera el debido proceso y la seguridad jurídica.
El origen de la contradicción
El conflicto legal se originó el 26 de marzo de 2026. Ese día el Pleno del CNE resolvió iniciar el proceso administrativo de cancelación de ambas organizaciones políticas. El ente les otorgó un término legal de diez días para ejercer su derecho a la defensa y presentar descargos.
No obstante, apenas un día después, el 27 de marzo de 2026, el mismo organismo aprobó una modificación al calendario electoral que adelantó la convocatoria a elecciones para el 1 de agosto de 2026.
Esta modificación del calendario incidió directamente en la aplicación del artículo 327 del Código de la Democracia. Este punto establece que la cancelación de una organización política solo puede resolverse hasta 120 días antes de la convocatoria a elecciones. Bajo el nuevo cronograma, la fecha máxima para resolver estas cancelaciones quedó fijada para el 3 de abril de 2026.
Kronfle argumenta que se configuró una “imposibilidad jurídica sobrevenida”, ya que el plazo de diez días para la defensa (iniciado el 26 de marzo) no puede cumplirse íntegramente antes de la fecha límite para resolver (3 de abril). El informe destaca que el propio CNE generó esta incompatibilidad, imposibilitando que el procedimiento culmine de manera válida sin violar la ley o el derecho constitucional a la defensa.
La consejera califica la situación como una omisión inconstitucional por parte del órgano electoral. Asimismo, señaló que mantener estos procesos abiertos genera una desventaja estructural para Construye y Unidad Popular frente al resto de sujetos políticos. Según la advertencia, esto afecta la capacidad de organización y participación de estas agrupaciones en condiciones de equidad.
La pretensión jurídica de Kronfle es que el Pleno del CNE disponga el archivo definitivo de las causas mediante un acto administrativo expreso. El documento concluye que la obligación de resolver el archivo no es discrecional ni puede diferirse, calificándola como una medida inmediata e ineludible para salvaguardar la democracia representativa en el país.
Radio Pichincha