La representación legal de Begoña Gómez ha interpuesto un recurso de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid. Esta acción jurídica busca impugnar la reciente decisión del magistrado Juan Carlos Peinado de acelerar los términos procesales establecidos en la ley del jurado, avanzando prematuramente hacia la etapa intermedia del juicio. En esta fase, se requiere que las acusaciones formulen sus escritos de conclusiones sobre los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida que se le imputan a Gómez, a su asistente Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés.
El documento de apelación, que consta de 43 folios, argumenta que el auto judicial debe ser invalidado por haber omitido trámites procesales imperativos. La defensa subraya que no se otorgó el plazo de cinco días que la normativa exige para que las partes propongan nuevas diligencias tras las actuaciones previas. Asimismo, denuncian que el juez tomó esta determinación sin haber resuelto los recursos que aún estaban pendientes sobre la idoneidad del procedimiento de jurado. Según el escrito, este proceder genera una “indefensión real y efectiva”, lo cual vulnera directamente el derecho a la tutela judicial efectiva amparado por el artículo 24 de la Constitución.
Cuestionamientos a la rapidez del proceso y la falta de pruebas
El recurso presenta una doble objeción: una de carácter formal, relativa a la pérdida de garantías, y otra de carácter material, que ataca la solidez del caso. En el aspecto procesal, los abogados describen una instrucción clausurada de forma abrupta antes de agotar las pruebas acordadas. Esta “rapidez inusitada” con la que el instructor ha cerrado la investigación priva a los investigados de su derecho fundamental a proponer nuevas actuaciones judiciales basadas en los hallazgos previos.
El abogado Antonio Camacho resalta que esto no se trata de un error procedimental menor, sino de un recorte directo al derecho de defensa. Sostiene que el caso se ha empujado hacia la fase de juicio sin respetar los tiempos ni los trámites legales, y sin esperar a que instancias superiores se pronuncien sobre las quejas previas que afectan la base misma de la estructura judicial del proceso.
La crítica se vuelve más contundente al analizar el fondo de la resolución. La defensa de Gómez afirma que el auto del juez Peinado diseña una «realidad paralela» que ignora todo lo recolectado tras dos años de instrucción. En esta narrativa, según el recurso, “siempre está detrás el presidente del Gobierno”.
“No hay prueba de nada”, sentencia el documento jurídico, reduciendo los argumentos de la acusación a meras hipótesis sin respaldo en los testimonios ni en la documentación recolectada. El texto insiste en que no existe ni un solo indicio de que Gómez y Juan Carlos Barrabés operaran bajo una relación de intereses para obtener beneficios en contratos públicos o favorecer la trayectoria profesional de la investigada.
La cátedra universitaria bajo la lupa judicial
Sobre la cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid, origen de la investigación, la defensa ofrece una versión contrapuesta a la del magistrado. Aseguran que el vínculo de Gómez con la universidad era preexistente, que la creación de la cátedra fue una iniciativa de la propia institución y que se gestionó mediante los canales administrativos reglamentarios durante varios meses.
El recurso invoca los testimonios del rector, Joaquín Goyache, y de otros altos cargos académicos, quienes en sede judicial descartaron cualquier irregularidad y ratificaron la idoneidad de Begoña Gómez para liderar el proyecto. El escrito aclara también que no hubo remuneración económica para Gómez y que tanto la financiación como la gestión se ajustaron a los protocolos habituales del sector universitario.
Finalmente, la defensa rechaza la pretensión de llevar el caso ante un jurado popular, alegando que los delitos imputados o no están probados o no coinciden con las conductas investigadas. Paralelamente, la asistente Cristina Álvarez ha presentado su propia queja, negando cualquier falta y cuestionando la interpretación del delito de malversación. Ambas defensas concluyen que, tras una investigación exhaustiva, la causa carece de sustento suficiente para justificar su elevación a juicio.
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