La disputa judicial en torno a Marcelo Balcedo, quien fuera el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), ha sumado un nuevo e intenso capítulo. El titular del Juzgado Federal de La Plata, Ernesto Kreplak, emitió un exhorto con carácter de «urgente» dirigido a las autoridades judiciales de Uruguay. El objetivo principal es detener la subasta programada de una de las propiedades más valiosas del exdirigente, en el marco de una investigación que ya cumple ocho años por delitos de asociación ilícita, lavado de activos y desvío de fondos pertenecientes al sindicato para provecho personal.
Desde el año 2018, el magistrado argentino ha insistido en el embargo de diversos bienes pertenecientes a Balcedo y a su cónyuge, Paola Fiege. A pesar de que estas solicitudes y los pedidos de extradición del sindicalista han sido constantes, la situación se mantiene en un punto de tensión diplomática y judicial.
La acción legal de Kreplak busca específicamente la suspensión inmediata del remate de la estancia conocida como “El Gran Chaparral”, situada en Maldonado, lugar de residencia actual de los implicados. Esta decisión judicial surge tras un dictamen presentado por la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata, liderada por María Laura Roteta, y el responsable de la PROCELAC, Diego Velasco. Ambos funcionarios advirtieron que llevar a cabo la subasta, prevista inicialmente para el 8 de mayo, significaría ignorar las medidas cautelares que Argentina mantiene vigentes.
En el documento enviado a Uruguay, el juez Kreplak sostiene que el fin es
“resguardar bienes que la Argentina reclama desde el inicio del expediente, en el contexto de un proceso de extradición pendiente desde 2018 y de reiterados pedidos internacionales para asegurar su restitución”.
Paralelamente, se solicitó al tribunal encargado de la extradición de Balcedo y su pareja que se implementen los mecanismos necesarios para conservar el estado de los activos ya embargados. Esto busca asegurar que se cumplan las garantías de recuperación de patrimonio establecidas en convenios de carácter internacional.
Resulta notable que, pese a las múltiples gestiones realizadas desde 2018, las autoridades uruguayas no notificaron oficialmente a la justicia argentina sobre la subasta de “El Gran Chaparral”. Dicho remate se originó por un juicio de índole laboral iniciado por 13 empleados. El juzgado de La Plata tuvo conocimiento de esta situación a través de medios públicos.
La postura de los fiscales argentinos
Luego de que trascendiera la fecha y hora del remate —el 8 de mayo a las 14:00 bajo la dirección del martillero Gabriel Etcheverry—, los fiscales Roteta y Velasco actuaron con celeridad para pedir el exhorto. El inmueble en cuestión se encuentra ubicado en el Cerro de los Burros, en la zona de Playa Hermosa.
En el escrito presentado ante el juez, de una extensión de cinco carillas, se enfatizó que el predio de “El Gran Chaparral” está sujeto a embargos solicitados desde 2018 en la causa que investiga administración fraudulenta, asociación ilícita y lavado de activos.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal calificaron el llamado a subasta como “improcedente” y exigieron la intervención de Kreplak. En uno de los fragmentos centrales del dictamen, los fiscales afirmaron:
“Esta resolución y ejecución de remate desconoce que sobre este bien pesan medidas cautelares vigentes por parte de la República Argentina. Nos resulta llamativa tal convocatoria, a todas luces, improcedente. Incluso, resulta contrario a las valoraciones del propio Equipo Multidisciplinario uruguayo creado por Decreto N°1786/2024, integrado por numerosas autoridades y organismos de dicho país. Respecto de este bien, en el informe remitido mediante Nota MRE NO-2025-50423472-APN-DAJI#MRE del 13 de mayo de 2025, el Equipo expresamente reconoció la preferencia del Estado argentino sobre este inmueble”.
Asimismo, los fiscales recordaron que estos bienes están vinculados al régimen de libertad vigilada impuesto a Fiege y Balcedo tras su condena en octubre de 2020 por un juzgado penal en Uruguay. Una vez finalizada dicha pena, los activos deben quedar a disposición de las medidas cautelares solicitadas por Argentina, que ha manifestado su interés en asegurar estos bienes desde el 2017.
De acuerdo con Roteta y Velasco, en el año 2020 el Estado uruguayo, mediante el Decreto N° 923/2020, ya había acreditado la existencia de un embargo fechado el 11 de enero de 2018 por parte del Juzgado de Crimen Organizado. Aunque señalan dificultades para obtener las reinscripciones más recientes, los datos catastrales permiten identificar plenamente el inmueble reclamado.
La determinación de la justicia argentina
Tras analizar el dictamen de la fiscalía, el juez Kreplak ordenó formalmente los exhortos internacionales urgentes. En su resolución, fue tajante al disponer:
“Exhortar, con carácter urgente (…) al Juzgado Letrado de Maldonado de 7º Turno, con el fin de que deje sin efecto -de manera INMEDIATA- el remate previsto para el día 8 de mayo”.
El magistrado subrayó que su intervención busca proteger activos que el Estado argentino demanda sistemáticamente desde el inicio de las actuaciones penales. Además, enfatizó que esta situación patrimonial está intrínsecamente ligada al proceso de extradición que aún no se ha concretado.
Falta de cooperación por parte de Uruguay
Esta nueva medida judicial es la continuación de una serie de reclamos previos ante lo que la justicia argentina percibe como una falta de respuesta efectiva por parte de su contraparte uruguaya. Ya en diciembre de 2024, el juzgado de Kreplak había advertido que las autoridades del vecino país no habían cumplido con las solicitudes relativas al resguardo de los bienes incautados.
En aquel entonces, se remarcó que:
“Pese al tiempo transcurrido y a los reiterados requerimientos cursados, no se ha obtenido respuesta suficiente que permita tener por asegurados los bienes”.
Para la justicia argentina, el recupero de estos activos es una prioridad de Estado, ya que se consideran instrumentos o productos de las actividades delictivas investigadas. Por ello, es imperativo evitar cualquier acto que pueda “frustrar los fines del proceso” penal.
Finalmente, el exhorto reafirma la existencia de una “promesa internacional de restitución” que data de 2018. Marcelo Balcedo, quien fue arrestado hace años en Uruguay en posesión de armas, vehículos de lujo y más de 500 mil dólares en efectivo, ya cumplió una condena en ese país. No obstante, en Argentina se lo señala como el presunto cabecilla de una red que malversó millones de pesos del SOEME, causa por la cual sus colaboradores más cercanos ya han recibido condenas.
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