El partido político Centro Democrático ha hecho pública una denuncia que señala que más de la mitad de los sufragios obtenidos por el Pacto Histórico para el Senado en las recientes elecciones legislativas colombianas se originaron en municipios donde operan grupos armados ilegales. Esta situación ha generado una alerta sobre las condiciones de libertad y transparencia en dichas zonas del país.
La presentación oficial de este reporte ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se llevará a cabo en Washington el próximo martes 21 de abril de 2026. La comitiva encargada de entregar el documento estará integrada por los legisladores José Jaime Uscátegui, Marelen Castillo y María Angélica Guerra.
De acuerdo con los datos presentados, el 55% de los votos captados por la coalición oficialista para el Senado provienen de 126 municipios identificados como territorios bajo el control o en disputa de estructuras criminales. El Centro Democrático ha manifestado que esta alta concentración de votos en áreas de conflicto siembra dudas legítimas sobre la autonomía de los electores y el principio de igualdad en la contienda política nacional.
El informe técnico fue elaborado por la firma Víctor Mosquera Marín Abogados y contó con la suscripción de los congresistas Uscátegui, Castillo y Guerra. El análisis realiza un cruce detallado entre los 4.413.636 votos totales que el Pacto Histórico obtuvo para el Senado y la ubicación geográfica de localidades con presencia de actores armados, entre los que se incluyen las disidencias de las Farc.
Los hallazgos de la sistematización indican que, en esos 126 municipios específicos, la coalición gubernamental sumó 2.423.844 votos, lo que equivale al 54,9% de su votación nacional para la cámara alta. El documento detalla el desempeño electoral de la siguiente manera:
- En 65 municipios, el Pacto Histórico obtuvo el primer lugar en votación.
- En 19 municipios, alcanzó la segunda posición.
- En 42 municipios, se ubicó en el tercer puesto.
Llama la atención de los investigadores que en múltiples territorios de este grupo, la fuerza política del Gobierno superó umbrales del 20, 30 y 40% de los votos totales. Incluso, en al menos 15 municipios, la votación sobrepasó el 50% del censo electoral local.
Distribución geográfica y control social
Las zonas señaladas en el informe se concentran primordialmente en departamentos como Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta, Norte de Santander y diversas áreas de Antioquia. El texto resalta que la persistencia del conflicto armado en estas regiones afecta drásticamente la cotidianidad civil, la movilidad y el ejercicio pleno de los derechos políticos de la ciudadanía.
Aunque el estudio no afirma la existencia de órdenes directas de grupos armados para votar por candidatos específicos, sí describe un entramado de control social complejo. Según el Centro Democrático, existen restricciones a la libre circulación, vetos contra ciertas candidaturas y un clima de intimidación que restringe la deliberación política real.
Riesgos estructurales para la democracia
Los autores del documento aclararon que su intención no es cuestionar la validez del voto ciudadano de forma individual, ni proponer una relación de causa-efecto directa entre los grupos armados y el resultado final. Por el contrario, el enfoque se centra en un riesgo estructural que afecta la base del sistema democrático.
“Allí donde el control armado condiciona la deliberación pública, restringe la circulación de opciones políticas y debilita la autonomía del elector, se compromete directamente el principio democrático”, señala textualmente el informe.
La metodología aplicada sugiere que el problema es profundo y trasciende lo coyuntural. El reporte advierte que, en lugares donde las economías ilícitas y los actores armados dominan el entorno, se fortalecen dinámicas de coacción sobre las comunidades, impidiendo que el proceso electoral sea genuinamente plural y libre de presiones externas.
Hostigamientos contra la oposición y violencia política
El informe también dedica un apartado a la violencia política, citando como ejemplo el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Para los denunciantes, estos ataques no son eventos aislados, sino que forman parte de un patrón que debilita las garantías de seguridad necesarias para ejercer la oposición en el país.
Asimismo, se denuncian las amenazas sufridas por la candidata presidencial Paloma Valencia, quien ha sido blanco de ataques en sus sedes de campaña y de la difusión de imágenes intimidantes, como coronas fúnebres, en plataformas digitales. Este clima de hostilidad, según los congresistas, impide que los líderes opositores participen en igualdad de condiciones en el proceso electoral vigente.
Finalmente, el Centro Democrático alerta sobre un presunto uso de la estructura del Estado para beneficiar a los candidatos afines al Ejecutivo. El informe cuestiona la falta de neutralidad de algunos funcionarios y el uso de recursos oficiales en lo que denominan una “campaña permanente”.
De igual forma, se señala la preocupación por el llamado “negacionismo electoral”, atribuido al presidente Gustavo Petro y a ciertos sectores parlamentarios del oficialismo, cuando los resultados les son desfavorables. Según el documento, este tipo de discursos mina la credibilidad de instituciones clave como la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE), sembrando sospechas de fraude que podrían derivar en crisis de gobernabilidad futuras.
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