Diversas organizaciones de la sociedad civil han elevado un pedido formal de auxilio ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que intervenga en la crítica situación de seguridad que atraviesan los colectivos de búsqueda en Guanajuato. Esta solicitud surge ante el preocupante incremento de desapariciones y la evidente inacción por parte de las estructuras estatales para garantizar la vida de quienes rastrean a sus seres queridos.
A través de una misiva enviada directamente a Volker Türk, quien se desempeña como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato detalló la magnitud de la emergencia. En el documento, se responsabiliza a las instituciones locales por omisiones graves que han incrementado el nivel de vulnerabilidad de las familias buscadoras.
Fallas estructurales y presunta participación estatal
La organización fundamentó su denuncia citando el informe CED/c/30/2, el cual subraya que la resolución de la crisis de desapariciones en México no depende únicamente del Gobierno federal, sino que exige una respuesta contundente y eficiente de las administraciones estatales. No obstante, en Guanajuato se han documentado episodios alarmantes que sugieren lo contrario.
Entre los casos expuestos, destaca la presunta sustracción de un menor de edad de su vivienda por individuos que portaban uniformes de la Guardia Nacional. Tras este hecho, el padre del infante desapareció poco después de haber interpuesto una denuncia contra agentes del Estado. Lo más grave es que el Comité contra las Desapariciones Forzadas ya había emitido solicitudes de medidas de protección que, al parecer, no fueron efectivas.
La situación se agrava con los hallazgos territoriales. Entre los años 2009 y 2025, se ha confirmado la localización de más de 700 fosas clandestinas en territorio guanajuatense. De estos sitios de inhumación ilegal, los peritos han logrado exhumar un total de 1.352 cuerpos, lo que refleja una tragedia humana de proporciones masivas.
Violencia sistemática contra los colectivos
La seguridad de las personas dedicadas a la búsqueda es una de las mayores preocupaciones internacionales. Hasta la fecha, al menos seis Procedimientos Especiales han generado alertas sobre la entidad, mientras que la Plataforma ha gestionado más de 30 Acciones Urgentes ante la ONU. Estas gestiones han logrado que se dicten medidas cautelares en al menos dos ocasiones puntuales.
La oficina de la ONU-DH en México ha manifestado su rotunda condena ante el asesinato de cinco activistas en el estado:
- Rosario Zavala Aguilar (asesinada en 2020)
- Francisco Javier Barajas Piña (asesinada en 2021)
- María del Carmen Vázquez (asesinada en 2022)
- Ulises Cardona Zavala (asesinado en 2022)
- Teresa Magueyal (asesinada en 2023)
Adicionalmente, se ha documentado la desaparición o muerte de otros buscadores como Martha Leticia Gallardo Martínez, Lorenza Cano Flores, Oscar Iván Jiménez Torres, Luz Alejandra Lara Cárdenas, José Francisco Arias Mendoza y José Juan Arias Corona.
Exigencias de justicia y protección
Para los colectivos, Guanajuato presenta un patrón estructural de impunidad. Por ello, instan a la ONU a que presione al gobierno local para que reconozca formalmente el peligro que corren estas personas, inicie investigaciones que sean verdaderamente imparciales y respete las disposiciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas.
Finalmente, el petitorio incluye la creación de un protocolo nacional de protección específico para buscadores y la implementación de un registro público de agresiones. Las organizaciones recalcaron la necesidad de dotar de recursos suficientes al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, integrando una visión de género y reconociendo los riesgos particulares que impone el crimen organizado.
«La búsqueda de la verdad no debe seguir costando la vida de las familias en México»
, concluyeron los activistas.
Fuente: Fuente