La asambleísta por la provincia de Pichincha, Inés Alarcón, presentó el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, que busca incorporar reformas para fortalecer la respuesta estatal frente a estos casos, garantizando una actuación inmediata.
Alarcón explicó que la iniciativa se tramita en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional y por disposición del Pleno de la Asamblea Nacional, que encargó a la Comisión de Seguridad Integral avanzar en las reformas. La legisladora señaló que se trata de un proyecto abierto a la construcción conjunta, en el que podrán incorporarse aportes de distintos actores durante su desarrollo.
La iniciativa introduce la figura de “presunta desaparición forzada”, con el fin de activar de manera rápida mecanismos reforzados de búsqueda cuando existan indicios de posible participación de agentes del Estado. Esta calificación tendrá un carácter operativo y preventivo, sin implicar responsabilidad penal directa, pero obligará a las autoridades a iniciar acciones urgentes de investigación, coordinación interinstitucional y protección de las víctimas indirectas.
Entre los principales cambios planteados, se dispone que las instituciones públicas deberán entregar información de forma inmediata, completa y prioritaria en estos casos, prohibiéndose alegar reserva o confidencialidad. El incumplimiento será sancionado con responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales.
El proyecto también refuerza el procedimiento emergente de búsqueda, que podrá activarse con una simple denuncia o reporte, sin mayores formalidades, y prioriza la actuación inmediata de fiscales y Policía. Además, se define una ruta especializada que incluye: verificación del último lugar de contacto, identificación de posibles responsables, recopilación de registros relevantes, coordinación con entidades, información a familiares y aplicación de medidas de protección para quienes estén en riesgo.
Asimismo, se incorporan medidas de protección reforzada para grupos prioritarios como niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, garantizando atención inmediata y protocolos diferenciados.
La iniciativa contempla, además, la obligación de registrar y dar seguimiento continuo a las acciones de búsqueda, así como la capacitación permanente de los funcionarios involucrados.
Finalmente, en el proyecto de ley se fijan plazos de hasta 120 y 180 días para que las instituciones adecuen sus mecanismos de intercambio de información y actualicen sus protocolos, con el objetivo de asegurar una respuesta más eficaz y oportuna frente a casos de desaparición.
JC