La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social aprobó, con siete votos, el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción, una iniciativa orientada a reducir los tiempos de los procesos judiciales y administrativos, garantizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Tras un análisis técnico y jurídico integral, la comisión concluyó que la propuesta guarda coherencia con la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente, constituyéndose en una herramienta necesaria para asegurar la tutela efectiva y oportuna de los derechos de la niñez, especialmente de aquellos que permanecen en instituciones de acogida.
La propuesta plantea reformas clave al Código de la Niñez y Adolescencia, al Código Orgánico General de Procesos y al Código Orgánico de la Función Judicial, con el objetivo de eliminar barreras estructurales y procesales que retrasan los procesos de adopción. Entre sus principales ejes destacan:
Reducción de plazos mediante términos claros y perentorios en todas las etapas del proceso.
Articulación entre fases judiciales y administrativas, evitando duplicidades y dilaciones innecesarias.
Redefinición de la adoptabilidad, priorizando el bienestar integral del niño por encima de criterios meramente biológicos.
Fortalecimiento de garantías procesales, incluyendo el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados y a comprender las decisiones judiciales en lenguaje accesible.
Sanciones por incumplimiento de plazos para funcionarios judiciales y administrativos.
Unificación de procesos familiares, como la competencia de un mismo juez en casos de grupos de hermanos.
Asimismo, el proyecto incorpora medidas para proteger integralmente a la niñez, como nuevas causales de privación de patria potestad en casos de vulneración grave de derechos, y establece criterios claros para la declaratoria de adoptabilidad, asegurando mayor celeridad y seguridad jurídica.
En el ámbito social, la iniciativa incluye una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior para incorporar como beneficiarios de becas y ayudas económicas a jóvenes que, al cumplir la mayoría de edad, deban abandonar las casas de acogida, promoviendo su inclusión y desarrollo independiente.
La presidenta de la comisión, Diana Jácome, destacó que el informe es resultado de un proceso participativo que incluyó aportes de expertos, instituciones y sociedad civil, subrayando que “esta ley busca devolver tiempo de vida a los niños, evitando que su derecho a tener una familia quede atrapado en trámites burocráticos”.
Por su parte, la proponente del proyecto, Lucía Pozo, enfatizó que la reforma responde a una realidad urgente. “No se puede permitir que el amor, el cuidado y la protección queden archivados en un proceso judicial. Esta ley es una oportunidad para transformar la vida de miles de niños”.
Con esta aprobación, el proyecto pasa al Pleno de la Asamblea Nacional para su primer debate.
RSA