Durante las primeras horas de este miércoles, la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Sebastián Amerio, formalizó la presentación de un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Esta medida legal tiene como finalidad primordial suspender de forma efectiva la aplicación de los artículos 5 y 6 que forman parte de la Ley de Financiamiento Universitario.
A pesar de que la legislación fue ratificada por el Congreso de la Nación en dos instancias —incluyendo la anulación del veto presidencial ejercido por Javier Milei—, los representantes del Gobierno argumentan que
“el estado actual sigue de imposible aplicación porque no prevé una fuente de financiamiento”
. Esta situación mantiene en vilo la operatividad de las partidas presupuestarias destinadas a la educación superior.
Impacto financiero y posturas oficiales
En caso de que se agoten las vías judiciales disponibles, y ante la incertidumbre oficialista sobre si la Corte Suprema tomará finalmente el caso, el Poder Ejecutivo se enfrentaría a la obligación legal de transferir un monto total de $ 2,5 billones hacia las Universidades Nacionales. Desde el entorno gubernamental han sido enfáticos al señalar que
“una ley no es una expresión de deseo de que queremos que haya más dinero en las universidades, sino de que tiene que haber una formulación responsable”
.
Finalmente, los portavoces oficiales recalcaron la supuesta falta de planificación técnica en la norma aprobada.
“En ningún momento se previó donde obtener esas partidas. De manera posterior se trató el Presupuesto 2026 y quienes impulsaron esta ley podrían haber dicho de dónde tenían que salir las partidas y tampoco lo hicieron”
, manifestaron. Debido a este panorama y a lo que describen como el agotamiento de los plazos legales, se ha procedido con el recurso judicial hasta que se determine una metodología de financiamiento concreta.
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