La parlamentaria Susel Paredes arremetió este jueves contra la propuesta económica de 20.000 soles presentada por Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular. Esta oferta estaba dirigida a trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) o del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que pudieran proporcionar evidencias sobre un supuesto fraude en los comicios.
En declaraciones públicas, la legisladora describió esta iniciativa como “muy peligrosa”, advirtiendo que la necesidad económica de algunas personas podría llevar a la fabricación de pruebas inexistentes o al uso de documentación falsa.
Paredes fue enfática al comparar el accionar del político con métodos propios del crimen organizado.
“Comprar pruebas de parte de un partido que está en proceso, justamente peleando el segundo lugar es terrible. Me hace recordar cuando Pablo Escobar no repartía volantes, sino repartía billetes. Y eso no puede pasar”
, manifestó la congresista.
De igual manera, la legisladora expresó su total rechazo al tono utilizado por López Aliaga al dirigirse a Roberto Burneo, presidente del JNE. El dirigente político había exigido la nulidad del proceso electoral bajo amenazas de promover una insurgencia en el país.
Durante sus intervenciones, el exalcalde empleó frases que Susel Paredes calificó de vulgares y con connotaciones de agresión sexual:
“Si no, prepárese. Bien grandazo lo va a tener, para que te comportes como hombre… el Morrocoy ya sabe por dónde se lo va a meter”
. Tales expresiones han generado una honda preocupación sobre la conducta democrática del excandidato.
La congresista cuestionó la idoneidad de un aspirante al poder con tal comportamiento:
“En mi opinión, no es democrático llamar a insurgencia. No puede ser que el que pierda quiera meterle cosas por atrás a un funcionario, le diga groserías a un pueblo, a sus propios seguidores, ¿ese puede ser presidente? A mí me ha causado mucha impresión”
.
Desde la perspectiva jurídica, los abogados Luis Vargas Valdivia, Roberto Pereira y Julio Arbizu advirtieron que la oferta de dinero podría constituir un delito de coima, según lo establecido en el artículo 397 del Código Penal, sin que importe si el mensaje que contenía la oferta fue borrado posteriormente de las redes sociales.
Por otra parte, el exparlamentario Sergio Tejada aclaró que si un funcionario de los organismos electorales posee pruebas de irregularidades, su obligación legal es denunciarlas sin recibir beneficios a cambio. Recalcó que ofrecer dinero para que un trabajador público realice u omita sus funciones se tipifica como cohecho dentro de la normativa penal.
Tejada también señaló a través de sus plataformas sociales que este incidente amerita la intervención del Ministerio Público, instancia donde López Aliaga ya mantiene denuncias previas por llamar a la insurgencia y cuestionar la legitimidad de las elecciones.
A estas críticas se sumó la congresista Ruth Luque, quien afirmó que el líder de Renovación Popular pretende “comprar conciencias” y generar desestabilización institucional por intereses políticos. Luque lamentó el silencio del JNE ante los ataques y urgió a la Fiscalía a investigar de oficio posibles delitos contra el desarrollo normal del proceso electoral, citando el artículo 354 del Código Penal.
Retiro de la publicación original
Tras la repercusión negativa y la ola de cuestionamientos, el partido Renovación Popular decidió eliminar el polémico mensaje y emitió un nuevo comunicado. En este nuevo texto, la organización solicita que cualquier irregularidad, suplantación o anomalía en el conteo de votos sea reportada vía correo electrónico, adjuntando datos de identidad y detalles de la mesa de votación.
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