El exlegislador Daniel Salaverry, quien ejerció la presidencia del Congreso de Perú entre el periodo 2018 y 2019, ha manifestado serias dudas sobre los motivos detrás del reciente atentado perpetrado contra su oficina inmobiliaria en la región de La Libertad. Durante sus declaraciones, el político no descartó que este acto de violencia guarde una relación directa con las severas críticas que ha lanzado contra Keiko Fujimori, la máxima dirigente de la agrupación Fuerza Popular.
En una entrevista concedida al podcast de la comunicadora Juliana Oxenford, Salaverry precisó que no existían registros de amenazas o intentos de extorsión previos al violento incidente armado en sus instalaciones. Ante esta situación, el exfuncionario cuestionó las intenciones reales de los autores intelectuales y materiales del hecho.
“Entonces, yo me pregunto: ¿qué es lo que están buscando? ¿Quién está atrás de esto? ¿Piensan que me van a temblar las piernas, que voy a agarrar a mi esposa, a mis hijas y me voy a ir del país y no voy a estar en la segunda vuelta?”
El exparlamentario enfatizó la sospechosa cronología de los eventos, subrayando que su empresa operó con normalidad durante meses hasta que decidió emitir juicios políticos. Según detalló, el ataque ocurrió apenas unos días después de fijar una postura crítica contra una organización política específica.
“No quiero ser responsable, no tengo pruebas. Solamente estoy diciendo que me parece muy extraño lo que ha ocurrido. En el momento que ha ocurrido. Tres meses ejecutando una obra, nadie se acerca a pedir coimas ni cupos. Termina una campaña, me pronuncio yo respecto a una posición de un partido político y a los pocos días me agarran a balazos”
Cuestionamientos a la seguridad y al entorno de Fujimori
Al ser consultado sobre si sus sospechas apuntan directamente a Keiko Fujimori, quien actualmente atraviesa su cuarta postulación presidencial, Daniel Salaverry evitó señalar culpables directos pero insistió en que todas las hipótesis permanecen abiertas. Hizo hincapié en que el modus operandi de los delincuentes fue inusual para la criminalidad común de la zona.
“Lo que digo es que me parece muy extraño la manera como han procedido estos delincuentes. No es la manera que ellos tienen de proceder. Es rarísimo que hayan llegado, según tengo entendido, en mototaxi, y que pudieran haber sido alcanzados y detenidos”
Cabe recordar que, poco antes del tiroteo, el político había denunciado públicamente el sistema de financiamiento del fujimorismo. Salaverry sostuvo que la lideresa del partido se postula recurrentemente gracias a aportes millonarios de grandes consorcios, mencionando incluso a la constructora Odebrecht, lo que le permitiría manejar fondos de hasta diez millones de dólares por campaña electoral.
“Vive de los millones de dólares que le da cada cinco años las empresas y luego, cuando mete su congresista, le devuelve el favor a estas empresas sacando leyes en favor de esas, de esas empresas. Ese es el, el círculo que vivimos hace más de 10 años (…) La conozco muy bien y por eso sé lo que hablo”
Trayectoria política y procesos judiciales
La relación entre Salaverry y el fujimorismo ha pasado por diversas etapas. En el año 2016, fue electo congresista bajo las filas de Fuerza Popular; no obstante, tras asumir la titularidad del Parlamento, tomó distancia del bloque naranja, consolidándose posteriormente como uno de sus detractores más frontales.
En su trayectoria reciente se destacan los siguientes hitos:
- En el año 2021, intentó llegar a la presidencia con el partido Somos Perú, alcanzando apenas el 1,6 % de la votación total.
- Posteriormente, ejerció como consejero del expresidente Pedro Castillo hasta el mes de agosto de 2022.
- Tuvo un breve paso de 17 días por la presidencia de la compañía estatal Perúpetro, cargo al que renunció tras cuestionamientos sobre su perfil técnico.
En el ámbito legal, la Corte Suprema decidió en diciembre del año pasado anular una sentencia de ocho años de cárcel que pesaba en su contra. El proceso judicial se centraba en la presunta apropiación indebida de 10.000 soles destinados a gastos de representación parlamentaria entre noviembre de 2017 y marzo de 2018. Aunque la Fiscalía sostuvo que Salaverry no cumplió con las actividades oficiales en su región y no reintegró el dinero, la máxima instancia judicial falló a su favor.
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