Luego de cumplir un periodo de 18 meses en régimen de detención preventiva dentro de la cárcel de San Pedro, ubicada en La Paz, las autoridades judiciales de Bolivia han concedido la medida de detención domiciliaria al activista Fernando Hamdan. El ciudadano fue aprehendido originalmente en el contexto de las investigaciones que rodean el supuesto intento de golpe de Estado protagonizado por el excomandante Juan José Zúñiga contra la administración del presidente Luis Arce, ocurrido el pasado 24 de junio de 2024.
Hamdan, quien desempeña funciones como integrante de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, accedió a estas medidas sustitutivas durante el mes de diciembre. Esto ocurrió tras una resolución emanada del Tribunal Supremo de Justicia, orientada a examinar expedientes donde se habrían excedido los límites temporales procesales que establece la normativa vigente. En su situación particular, el tiempo de reclusión preventiva había llegado a triplicar los plazos legales permitidos.
Cargos y contexto del proceso judicial
Sobre el activista pesan acusaciones por los presuntos delitos de terrorismo y alzamiento armado. La fiscalía fundamenta su caso en la supuesta colaboración de Hamdan durante la movilización militar que ocupó la Plaza Murillo utilizando soldados y vehículos blindados. Según la versión gubernamental, el plan consistía en la toma de la sede del Poder Ejecutivo; no obstante, tras algunas horas de tensión, las fuerzas militares procedieron a retirarse.
Transcurridos casi dos años de aquellos sucesos que alteraron su trayectoria personal, y tras haber transcurrido más de tres meses desde su retorno a Santa Cruz bajo custodia domiciliaria, Hamdan ofreció una entrevista detallando su realidad jurídica y personal.
Testimonio sobre su situación jurídica
Al ser consultado sobre su estado actual ante la justicia, el activista fue enfático en señalar las restricciones que aún enfrenta:
“Estoy con detención domiciliaria, todavía sin derecho al trabajo desde el 31 de diciembre de 2025. Por lo menos me permitieron regresar a casa, pero sigo sometido al proceso y sin posibilidad de salir. Me mantengo como un preso y preso político hasta la fecha, esperando que la chicana política y la manipulación se acaben de una vez.”
Respecto a los señalamientos de haber colaborado con el general Zúñiga en la supuesta asonada contra Luis Arce, Hamdan sostiene que el caso carece de veracidad. Asegura que el propio Zúñiga admitió que se trató de una maniobra orquestada por el mandatario para mejorar sus niveles de aprobación popular. Según su versión, el encuentro con el militar tuvo como único fin tratar la situación de los presos políticos y las condiciones de castigo dentro de las Fuerzas Armadas y el Ejército boliviano.
El activista aclara que dicho acercamiento fue gestionado a través de una red de contactos y se realizó a título personal. “Yo llegué (a La Paz), (sostuve) una reunión de una hora y no lo volví a ver (a Zúñiga) nunca más”, puntualizó, añadiendo que se vio atrapado en lo que describe como una parafernalia política.
La controversia de las comunicaciones telefónicas
Uno de los puntos clave de la acusación presentada por el entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, fue la existencia de nueve llamadas telefónicas entre el activista y el general el día del conflicto. Hamdan explica que estas comunicaciones fueron inducidas por el entorno cercano del militar.
“Yo me encontraba casi secuestrado en el hotel donde se llevó a cabo la reunión. Su gente cercana me decía ‘llame al general.’ Y cada vez que yo generaba una llamada era porque su gente me pedía que llamara al general. Y esto era básicamente parte de lo que se quería establecer, una comunicación forzada.”
El procesado afirma que desconocía por completo los planes de alzamiento y que su presencia en el lugar respondió a un contexto distinto que terminó desvirtuándose. Argumenta que su seguridad personal estaba en riesgo y que debió seguir instrucciones de quienes controlaban su movilidad en ese momento.
Motivos de la persecución y labor internacional
Para Fernando Hamdan, su inclusión en este expediente judicial es una represalia por su labor de denuncia. Destaca que en Bolivia existen más de 300 presos políticos y que él fue el responsable de presentar el primer listado oficial de estos detenidos ante el Parlamento Europeo, así como ante organismos como la OEA y las Naciones Unidas.
Además de su activismo humanitario, vincula su situación a su trabajo previo con la plataforma Ciudadana Transparencia Bolivia, desde donde se emitieron informes técnicos que señalaban irregularidades y fraude en los procesos electorales del año 2019. “Mi guerra fue frontal contra las vulneraciones de la democracia y del sistema de derecho”, manifestó el activista.
El impacto de la reclusión y el futuro del caso
Al recordar su estancia en el centro penitenciario, Hamdan describe una experiencia de total vulnerabilidad e incertidumbre. Uno de los episodios más dolorosos fue la imposibilidad de acompañar a su madre en sus últimos momentos de vida. “Lo más grave fue que no pude despedirme de mi madre, que falleció mientras yo estaba en la cárcel”, relató con pesar.
En la actualidad, el proceso ha avanzado hacia una nueva fase. El Ministerio Público ha notificado recientemente la acusación formal, lo que indica la intención de las autoridades de llevar el caso a juicio oral. A pesar del cambio de gobierno hacia la administración de Rodrigo Paz, Hamdan se sigue considerando un perseguido político.
“Sigo siendo preso político porque no tengo libertad, no tengo derecho al trabajo y estoy siendo torturado económicamente. Hemos recuperado la democracia de forma, pero no hemos recuperado el Estado de Derecho. Los procesos que han sido iniciados por el MAS con una dirección política todavía no se han caído.”
Finalmente, el activista cuestionó la falta de independencia en el sistema judicial y la fiscalía, sugiriendo que, por razones de decoro o intereses internos, el Ministerio Público se resiste a retirar los cargos a pesar de lo que él considera una falta de evidencia sólida en su contra y en la de otros detenidos bajo similares condiciones políticas.
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