El exfiscal federal y actual abogado defensor, Joshua Danz, ha interpuesto una solicitud formal para obtener la liberación humanitaria anticipada de Miguel Rodríguez Orejuela. El otrora líder del Cartel de Cali, quien es el único cabecilla de dicha organización que permanece con vida, se encuentra recluido en un centro penitenciario de Texas, en los Estados Unidos. La petición se sustenta en un diagnóstico clínico que confirma que el prisionero sufre de demencia vascular avanzada y lesiones cerebrales de carácter irreversible.
La argumentación legal sostiene que el actual estado de salud del interno le impide realizar actividades básicas por cuenta propia. Según los documentos presentados ante la instancia judicial, mantener a Rodríguez Orejuela bajo las condiciones de reclusión vigentes representaría una vulneración a los principios humanitarios elementales, debido a la imposibilidad de recibir la asistencia médica especializada que su condición requiere. Asimismo, la defensa plantea que el objetivo correctivo de la pena ha perdido su vigencia ante el deterioro cognitivo del recluso.
De acuerdo con los reportes del equipo jurídico, la salud de Miguel Rodríguez Orejuela —quien ha permanecido privado de su libertad durante 22 años en la prisión federal de Big Spring— ha llegado a un punto crítico. Se detalla que el interno ha perdido la capacidad de gestionar sus propios medicamentos y atraviesa cuadros de delirios paranoicos constantes.
Como respaldo a estas afirmaciones, la defensa entregó al tribunal diversas pruebas diagnósticas, entre las que destacan una resonancia magnética, una tomografía computarizada y múltiples informes de salud. Incluso se incluyeron reportes del departamento de odontología del penal, los cuales ratifican que
“una infección en su mandíbula se agravó porque su estado mental le impidió tomar las medicinas como estaban prescritas”
.
Gravedad del estado neurológico y precedentes legales
El diagnóstico médico incluido en el expediente judicial revela que el exnarcotraficante padece de leucolamalacia periventricular y demencia vascular, condiciones que han derivado en la muerte progresiva de tejidos cerebrales. Los informes técnicos precisan que un accidente cerebrovascular previo destruyó el tálamo izquierdo de su cerebro, lo que justifica la desorientación espacio-temporal permanente que manifiesta el detenido.
Para fundamentar la solicitud, el abogado Joshua Danz apeló a la Ley del Primer Paso (First Step Act). Esta normativa federal estadounidense permite la excarcelación de prisioneros cuando estos pierden su autonomía física y mental, y el sistema penitenciario no puede garantizarles el cuidado adecuado. La defensa también recordó el caso de su hermano, Gilberto Rodríguez Orejuela, quien falleció bajo custodia en 2022 tras habérsele negado peticiones similares de liberación por motivos de salud.
En la moción presentada, el defensor jurídico fue enfático al señalar que mantener al recluso de 82 años tras las rejas solo tendría como fin
“para asegurar el envío de un segundo ataúd a Colombia”
. Junto a la evaluación de una neuróloga especialista, se adjuntó el historial de conducta del prisionero, el cual certifica un comportamiento ejemplar durante las más de dos décadas de encierro.
Apoyo familiar y proyecciones judiciales
La solicitud de clemencia no solo es técnica, sino que incluye el respaldo emocional de su círculo cercano a través de tres misivas familiares:
- Martha Lucía Echeverry, su compañera por más de cuatro décadas, presentó documentación y fotografías de su residencia en Cali, confirmando que tiene todo lo necesario para acogerlo y brindarle los cuidados médicos paliativos.
- Su hija, Carolina Rodríguez, apeló a la compasión del juez, argumentando que su padre ya ha saldado su deuda con la sociedad y ha reconocido sus faltas.
- Una sobrina política del implicado se comprometió formalmente a cubrir parte de los gastos asistenciales mediante sus ingresos de jubilación.
Miguel Rodríguez Orejuela, quien fue extraditado desde Colombia y cuya condena oficial finaliza en el año 2028, no representa una amenaza para terceros según su defensa. El riesgo es exclusivamente para su propia integridad dado su estado mental:
“No sabe, a ciencia cierta, dónde está, ni en qué época está viviendo”
, se recalca en los folios judiciales.
Aunque en el sistema legal de Estados Unidos no existe un periodo estricto para que la magistratura emita un fallo sobre estas mociones, se estima que el caso podría tener una resolución en aproximadamente un mes. De ser favorable, se procedería a su liberación y posterior deportación a Colombia.
En una instancia inicial, las autoridades judiciales norteamericanas desestimaron una petición previa al considerar que el interno aún conserva funciones biológicas elementales, como la capacidad de alimentarse por sí mismo. No obstante, el proceso ahora queda en manos de un juez federal que tendrá la última palabra sobre el destino del exjefe del Cartel de Cali. A pesar de la rigidez habitual en casos vinculados al narcotráfico, la vía de la liberación humanitaria permanece como una posibilidad jurídica latente.
Fuente: Fuente