La noche del 16 de abril de 2016, un terremoto de magnitud 7.8, con epicentro en Pedernales, en la provincia de Manabí, se convirtió en el evento más destructivo de la historia reciente del país. El fenómeno dejó a su paso un rastro de:
- 676 fallecidos
- 6.200 heridos
- Aproximadamente 80.000 personas desplazadas.
En ciudades como Manta, el testimonio de sobrevivientes como Joselías Sánchez describe una realidad que parecía detenida en el tiempo: una “oscuridad llena de dolor” marcada por alaridos y una destrucción total que transformó el paisaje urbano en cuestión de segundos.
El impacto
La provincia de Manabí fue el epicentro del dolor, pero también del desafío de reconstrucción más grande que ha enfrentado el Estado ecuatoriano. El sismo provocó una disminución de 9.8 puntos porcentuales en el valor agregado bruto provincial de Manabí, reflejando la parálisis casi total de su motor económico.
A nivel nacional, la pérdida de 21.823 empleos y la destrucción de infraestructura clave, incluidos 51 establecimientos de salud y 886 centros educativos, complicaron durante meses el acceso a servicios básicos esenciales.
Desde el punto de vista financiero, el terremoto generó un shock de liquidez sin precedentes en una economía dolarizada. El Gobierno estimó inicialmente los costos de reconstrucción en USD 3.300 millones. Esto obligó a la activación de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana, una medida que incrementó temporalmente el IVA al 14% y los impuestos a las utilidades para financiar la emergencia.
Asimismo, al ser una economía dolarizada, el país carecía de la capacidad de emitir moneda para enfrentar el desastre, revelando una dependencia del financiamiento externo. Sin embargo, la tragedia atrajo un flujo extraordinario de recursos: entre 2016 y 2017. En esos años, Ecuador recibió cerca de USD 4.000 millones en liquidez nueva proveniente de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID y la CAF, un monto equivalente al 4% del PIB.
Oxígeno
Esta inyección masiva de dólares actuó como un “oxígeno” para el sistema financiero:
- Aumento de depósitos: la liquidez total del sistema financiero saltó de USD 34.000 millones en 2015 a más de USD 38.000 millones en 2017.
- Expansión del crédito: el flujo permitió que el crédito productivo creciera un 11% en 2017, impulsando la reconstrucción en sectores como vivienda y comercio en Manta y otras ciudades manabitas.
- Respuesta inmediata: el Banco Central del Ecuador (BCE) desplegó un abastecimiento emergente de especies monetarias por USD 20 millones en Manabí y Esmeraldas para garantizar que la ciudadanía pudiera realizar retiros y atender emergencias.
Pero a la par de la gestión del Gobierno de Rafael Correa, hubo una muestra de solidaridad en todo el país. Ciudadanos y empresas se sumaron al apoyo a las cientos de familias afectadas por el terremoto, con alimentación, recursos, vestimenta y otro tipo de ayudas.
Presupuesto al 2026
A una década del desastre, el compromiso con la recuperación de las zonas afectadas no es la misma. De hecho, hay una serie de obras que impulsó el Gobierno del expresidente Rafael Correa, algunas concluidas durante su gestión, otras, en cambio, están paralizadas, a medias o sin hacerse, lo que ha ocasionado que los electores castiguen, ampliamente, en las urnas a quienes han cuestionado las acciones de aquel entonces.
Pese a la poca acción que han tenido los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, aún existe un monto disponible de los recursos obtenidos para reconstruir a las provincias de Esmeraldas y Manabí, las más afectadas por el movimiento telúrico.
En la proforma presupuestaria de 2026 del Gobierno, hay un saldo disponible de USD 50 millones, los cuales corresponden específicamente a los remanentes generados por la aplicación de la mencionada Ley Orgánica de Solidaridad.
Por ejemplo, en ciudades como Manta y Portoviejo, la reconstrucción no solo implicó levantar paredes, sino repensar la seguridad. El Banco Central del Ecuador implementó un abastecimiento emergente de especies monetarias en estas provincias para garantizar que las entidades financieras pudieran operar en medio de la crisis.
Con el tiempo, la inversión en infraestructura y el fomento al crédito productivo —que creció un 11% en 2017 impulsado por la reconstrucción— permitieron que el sector comercial y de vivienda de Manabí mostrara una cara renovada, aunque bajo una constante lección de prudencia financiera.
Hacia un Ecuador más resiliente
El proceso de transformación estructural en la gestión de riesgos ha sido uno de los legados más importantes de la tragedia.
La resiliencia también alcanzó el ámbito financiero con la creación de la Estrategia de Gestión Financiera ante el Riesgo de Desastres, posicionando a Ecuador como uno de los líderes regionales en protección económica frente a catástrofes.
Radio Pichincha