El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico del Ambiente, una iniciativa que busca fortalecer el marco jurídico de la gestión climática en el Ecuador, alineándolo con la Constitución y los compromisos internacionales en materia ambiental.
Durante la sesión, legisladores destacaron que la propuesta consolida en un solo cuerpo normativo la regulación sobre cambio climático, evitando duplicidad de leyes y garantizando coherencia jurídica. El proyecto incorpora herramientas para la mitigación y adaptación climática, así como mecanismos que permitan al país acceder a financiamiento internacional, especialmente a través de mercados de carbono.
Fernando Jaramillo, vicepresidente de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, subrayó que la reforma se sustenta en instrumentos internacionales como el Acuerdo de París, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Agenda 2030, así como en disposiciones constitucionales que obligan al Estado a adoptar medidas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y proteger el ambiente.
El proyecto establece mecanismos para promover energías limpias, eficiencia energética y gestión ambiental sostenible, además de reconocer la importancia de los sumideros de carbono -como bosques y suelos- en la regulación climática. También incorpora la atención a pérdidas y daños derivados del cambio climático y prioriza la protección de zonas vulnerables frente a riesgos como inundaciones, sequías y deslizamientos.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la regulación de los mercados de carbono, tanto regulados como voluntarios, como instrumentos para incentivar la reducción de emisiones y canalizar recursos internacionales sin generar gasto público adicional. En este sentido, se plantea la creación de un Comité Interinstitucional de Cambio Climático para coordinar acciones entre el Estado y los distintos niveles de gobierno.
Durante el debate, varios legisladores señalaron la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica, garantizar mecanismos efectivos de control, incorporar plenamente los derechos de la naturaleza y asegurar la participación de las comunidades y pueblos indígenas.
Otros asambleístas destacaron que la reforma constituye una oportunidad para impulsar un modelo de desarrollo sostenible, generar incentivos económicos orientados a la conservación ambiental y dinamizar sectores como el turismo sostenible, especialmente en territorios como Galápagos y la Amazonía.
En el cierre de la sesión, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen dispuso que el proyecto regrese a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales para la elaboración del informe para segundo debate, en el que se incorporarán las observaciones presentadas.
RSA