La tensión jurídica se intensifica en Colombia. El equipo legal del presidente Gustavo Petro ha comunicado oficialmente su rechazo a la orden de rectificación emitida por un juzgado de Bogotá. Esta decisión judicial favorecía a Jaime Miguel González Montaño, quien se desempeñó como gerente de la EPS Coosalud, tras las fuertes acusaciones del mandatario. Pese a las sanciones económicas impuestas por el incumplimiento de la orden original, la defensa del Ejecutivo ha decidido sostener la veracidad de sus señalamientos.
El pronunciamiento más reciente fue compartido por el abogado Alejandro Carranza, quien a través de la red social X dejó clara la postura oficial. Según el jurista, no existe intención de ceder en este proceso legal.
“No daremos un paso atrás”
, manifestó con firmeza, al tiempo que insistió en la urgencia de que se promuevan acciones de índole penal por este caso.
En su argumentación, Carranza subrayó que el exdirectivo debe rendir cuentas ante las autoridades competentes.
“El gerente de Coosalud debe enfrentar cargos judiciales URGENTEMENTE y debe restituir los fondos de salud a todos los usuarios de la EPS COOSALUD”
. Asimismo, el abogado planteó interrogantes sobre el impacto de las presuntas irregularidades financieras: “¿Cuántas vidas y cuánto sufrimiento se ocasionaron al negar servicios en Coosalud mientras desviaban DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS? ¿Qué es la justicia entonces?”.
Nuevas acciones por desacato
Desde la contraparte, la reacción no se hizo esperar. Julián Quintana, representante legal de González Montaño, anunció que tomará medidas adicionales frente a la negativa del mandatario de acatar el fallo.
“No vamos a permitir que @petrogustavo incumpla las decisiones judiciales. Hoy radicaremos un nuevo desacato para que se sancione su conducta”
, advirtió Quintana.
El abogado defensor del exgerente también criticó la narrativa del presidente, sugiriendo que las acusaciones sin sustento fueron utilizadas como justificación para intervenir y afectar a la entidad de salud. “Acusó sin pruebas al exgerente de @Coosalud_, y esa narrativa terminó siendo la excusa para intervenir la EPS y desfalcarla”, señaló el jurista.
El conflicto legal tiene su origen en un fallo del Juzgado 24 Administrativo de Bogotá. Dicho tribunal determinó que el jefe de Estado vulneró los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de González Montaño, al señalarlo públicamente como responsable de diversas anomalías en la administración de la entidad.
Los hechos se remontan a julio de 2025, cuando durante una intervención oficial, el presidente Petro realizó fuertes aseveraciones sobre la gestión de la EPS. En aquel momento, el mandatario expresó:
“Se robaron la plata COOSALUD que nace en Cartagena, que es una cooperativa de verdad, sus dueños, que tenemos que hacer algo, pero se tumbaron a los dueños porque eran cooperativistas por cometer el error de nombrar un señor de gerente que es un bandido, y la junta directiva de esta COOSALUD es el hermano del expresidente de Colombia Andrés Pastrana, y a ver, acuérdense, el hermano también o primo del expresidente Santos”
.
A raíz de estas palabras, González Montaño inició un proceso judicial alegando la afectación de su integridad moral. En la primera instancia, la justicia le dio la razón, exigiendo al presidente una retractación pública y la prohibición de emitir nuevos señalamientos similares en el futuro.
No obstante, ante la falta de cumplimiento de dicha disposición, el juzgado procedió a abrir un incidente de desacato. El despacho concluyó que no se presentaron pruebas que sustentaran los calificativos de “bandido” o la afirmación de que el exgerente “se robó la plata”. En consecuencia, se ordenó nuevamente la rectificación en un periodo de cinco días y se impuso una sanción económica de 15 salarios mínimos mensuales vigentes contra el presidente.
Ratificación de las denuncias
Tras la notificación de la sanción, el presidente Petro decidió mantener su postura y volvió a arremeter contra el exgerente.
“El señor exgerente de Coosalud, señor González, es un corrupto y los miembros de la junta directiva de Coosalud deben ser procesados por la Fiscalía, así sean familiares de expresidentes”
, aseveró el mandatario.
El jefe de Estado defendió sus palabras alegando que existen hallazgos técnicos que lo respaldan. Según sus declaraciones, una auditoría forense confirmó que se utilizaron recursos públicos para garantizar préstamos a compañías privadas vinculadas con el exgerente por un valor superior a los 200.000 millones de pesos.
Finalmente, el mandatario enfatizó que no se dejará silenciar por las decisiones judiciales adversas.
“Corruptos y ladrones de la salud son corruptos y ladrones. Pueden arruinarme con multas y cárcel si quieren, como hicieron cuando salí de la Alcaldía, pero no me callaré ante el robo de la salud”
, concluyó.
Fuente: Fuente