Un jurado federal en la ciudad de Nueva York ha emitido un veredicto histórico al declarar que Live Nation y su subsidiaria Ticketmaster han operado de manera ilegal bajo un esquema de monopolio en el sector de venta de entradas en los Estados Unidos. Este dictamen confirma que ambas entidades infringieron normativas antimonopolio tanto a nivel federal como estatal.
Esta resolución judicial sienta un precedente que podría transformar radicalmente el panorama de la industria de la música en vivo. El fallo es el resultado de un litigio impulsado por una coalición de 34 estados que denunciaron la excesiva concentración de poder de estas firmas. Ahora, la responsabilidad de dictar las sanciones recae sobre el juez Arun Subramanian, quien tiene la facultad de imponer multas e incluso ordenar la separación estructural de Live Nation y Ticketmaster.
Un mercado bajo la lupa de la justicia
La demanda formal se originó en 2024 durante la gestión de Joe Biden, a través del Departamento de Justicia y diversos estados. Los demandantes sostuvieron que el modelo de negocio vertical de Live Nation asfixia la competencia y genera un incremento injustificado en los costos para los usuarios finales.
Dentro de las evidencias presentadas en el tribunal, se destacó que Ticketmaster domina el 86% del mercado de boletos en los recintos más relevantes (257 espacios como arenas y anfiteatros con capacidad para más de 8.000 personas). El jurado también estableció que la empresa aplicó un sobreprecio promedio de USD 1,72 por cada entrada comercializada, dato que servirá de base para que el magistrado determine las reparaciones económicas y las multas.
Durante el proceso, el abogado estatal Jeffrey L. Kessler argumentó que la compañía mantenía un sistema que
“seguía cavando el foso en torno al castillo monopólico”
. Kessler detalló que esto se lograba mediante contratos exclusivos y la advertencia de restringir el acceso a giras de artistas si los promotores no utilizaban la plataforma de Ticketmaster.
La fiscalía también exhibió comunicaciones internas donde el personal de la empresa celebraba el aumento de los cargos por servicios y estacionamientos. En uno de los mensajes, un trabajador admitió que estaban
“estafando a manos llenas”
. Ante esto, el director ejecutivo de Live Nation, Michael Rapino, ofreció disculpas y describió tales conductas como “repugnantes” y ajenas a los valores corporativos. No obstante, se revelaron audios donde Rapino indicaba a dueños de otros recintos que sería
“difícil conseguir boletos o conciertos”
si decidían trabajar con competidores como SeatGeek.
En su defensa, los representantes de Live Nation alegaron que su posición en el mercado es fruto de una “estrategia empresarial exitosa”. El abogado David Marriott defendió la postura de la empresa afirmando:
“No es ilegal. Somos competidores feroces”
. A lo largo de las siete semanas de juicio, testificaron ejecutivos, promotores y músicos como Ben Lovett de Mumford & Sons, además de representantes del rapero Drake.
Acuerdos, divisiones estatales y el porvenir del sector
La intervención estatal mostró una fragmentación significativa. Aunque el Departamento de Justicia pactó inicialmente con Live Nation un pago de USD 281 millones —que incluía la venta de 13 anfiteatros y permitía a los recintos usar otras plataformas—, solo seis estados (Arkansas, Iowa, Mississippi, Nebraska, Oklahoma y Dakota del Sur) aceptaron dicho trato. Más de 30 jurisdicciones, entre ellas California, Nueva York y Texas, decidieron continuar el proceso hasta obtener el veredicto del jurado, con la asesoría de Kessler.
Rob Bonta, procurador general de California, celebró el resultado como una “victoria histórica y contundente” para los fanáticos y artistas. Bonta subrayó que el fallo evidencia la fuerza de los estados para proteger a los ciudadanos frente a corporaciones que
“inflan ilegalmente los precios y engañan a los estadounidenses”
.
La acusación se centró en los grandes recintos, atribuyendo a Live Nation el 70% del control y a Ticketmaster el 86% de los servicios de boletería. La defensa desestimó estas cifras, calificándolas como un “mercado inventado” para el caso judicial, asegurando que su cuota real es menor.
Esta sentencia pone fin a años de cuestionamientos sobre la fusión de ambas empresas en 2010, que en su momento prometió beneficios para el público. Ahora, la firma enfrenta un escenario de reestructuración obligatoria, sanciones financieras de gran escala y la posible imposición de nuevas reglas de conducta en el mercado global.
Fuente: Fuente