La asambleísta por Pichincha, Inés Alarcón, presentó el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal para fortalecer la lucha contra la trata de personas y la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la explotación sexual.
El objetivo es robustecer el marco jurídico ecuatoriano para la prevención, sanción y erradicación de este delito, especialmente cuando las víctimas son menores de edad, garantizando una respuesta más eficaz del Estado.
Alarcón explicó que el proyecto plantea que, en casos que involucren a menores de edad, no será necesario demostrar los medios comisivos del delito -como fuerza, fraude o coacción-, sino únicamente la existencia de la explotación. Asimismo, se propone reformar el artículo 101 del COIP, referente a la prostitución forzada. “Con esto buscamos que este cuerpo legal incorpore una regla similar para evitar contradicciones internas y disminuir los índices de impunidad que se dan en uno de los delitos más dolorosos, como es la trata de personas”, enfatizó.
La iniciativa se sustenta en el principio constitucional del interés superior del niño, establecido en el artículo 44 de la Constitución, que prioriza el ejercicio pleno de sus derechos. Asimismo, se respalda en el artículo 78, que garantiza la protección especial de las víctimas de infracciones penales y el derecho a la no revictimización.
También se enmarca en los compromisos asumidos por el Estado ecuatoriano en el Protocolo de Palermo, instrumento internacional que establece estándares para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas.
En este contexto, se reconoce que la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación constituye trata de personas, incluso sin necesidad de acreditar medios como la fuerza, el engaño o la coacción, debido a su condición de vulnerabilidad.
Según registros oficiales, entre 2014 y 2024 se reportaron 3.028 casos de violencia sexual y explotación contra niñas, niños y adolescentes, así como 620 casos de trata y otras formas de explotación en el país. Las cifras evidencian que más del 90 % de las víctimas corresponde a adolescentes entre 11 y 17 años, lo que refleja su alta vulnerabilidad frente a redes de captación y explotación.
Además, se advierten limitaciones en la judicialización de estos casos, ya que un porcentaje significativo no concluye en sentencias condenatorias, lo que evidencia desafíos en la investigación penal y el acceso a la justicia.
JC