La multinacional tecnológica Google ha alcanzado un acuerdo para desembolsar 135 millones de dólares como resultado de una demanda colectiva. El litigio sostenía que el sistema operativo Android realizaba transferencias de datos móviles de los usuarios sin contar con su autorización expresa.
Se estima que este pacto legal podría beneficiar a aproximadamente 100 millones de usuarios dentro de los Estados Unidos. No obstante, se ha aclarado que los residentes del estado de California no forman parte de este grupo, ya que fueron integrados en un arreglo judicial previo, según los registros legales del caso.
Requisitos para acceder a la compensación
El proceso de indemnización está dirigido a todas aquellas personas que hayan hecho uso de dispositivos con sistema Android para navegar por internet mediante redes celulares en el periodo comprendido entre el 12 de noviembre de 2017 y la actualidad.
Para gestionar el cobro, la Corte de Distrito del Distrito Norte de California —entidad que supervisa el acuerdo— ha dispuesto que los beneficiarios reciban una notificación individual. Este aviso llegará mediante correo tradicional o electrónico e incluirá un código de aviso y otro de confirmación, elementos indispensables para registrar la forma de pago en la plataforma oficial.
Respecto a las cifras individuales, aunque se ha establecido un pago máximo de 100 dólares por usuario, el monto final está sujeto a variaciones. La cantidad que recibirá cada persona dependerá del volumen total de reclamaciones presentadas, así como de las deducciones por impuestos, costos de administración y honorarios de los abogados.
Existe la posibilidad de que aquellos usuarios que no proporcionen sus datos bancarios reciban el dinero si el gestor administrativo logra canalizarlo por otros medios. Sin embargo, se advierte sobre el riesgo de que la transferencia no se concrete si no se completa la información requerida.
Exclusiones geográficas y detalles del fondo
Es importante reiterar que los usuarios ubicados en California están excluidos de este fondo específico de 135 millones de dólares. Esto se debe a que dicho estado ya cuenta con un acuerdo independiente valorado en 314,6 millones de dólares para el año 2025. Por tanto, la acción legal de alcance nacional se centra exclusivamente en quienes residen fuera de California.
En términos generales, no es obligatorio realizar acciones adicionales para ser parte del acuerdo, a menos que el usuario necesite actualizar sus datos de contacto o prefiera seleccionar una modalidad de pago específica.
El fondo total de la compensación sufrirá varios descuentos significativos antes de llegar a los usuarios:
- Hasta un 29,5% destinado al pago de honorarios legales.
- Cerca de 1,5 millones de dólares para cubrir gastos administrativos.
- Compensaciones especiales de hasta 25.000 dólares para los demandantes principales del caso.
Antecedentes de la demanda y cambios en el servicio
El conflicto legal se originó en 2020, cuando se denunció que Google recolectaba información de los usuarios sin su conocimiento. Según la acusación, esta práctica ocurría incluso cuando los teléfonos estaban en estado de inactividad y con las aplicaciones cerradas, provocando un consumo de datos móviles que el cliente no deseaba.
Los documentos judiciales del caso presentan una postura contundente sobre el comportamiento de la empresa:
“Google obliga a estos usuarios a subsidiar su vigilancia al programar sus dispositivos Android para que transmitan información en tiempo real de forma secreta“
. Por su parte, la compañía tecnológica ha rechazado tajantemente estos señalamientos.
Como parte de las resoluciones derivadas del acuerdo, Google se verá obligada a implementar cambios profundos en su operatividad. Estos incluyen la modificación de los términos de servicio de Google Play, la reestructuración de su sistema de gestión de consentimientos y ajustes en la configuración de privacidad. La empresa deberá explicar con total claridad qué tipo de información se envía y bajo qué circunstancias ocurre exactamente.
Cronograma y etapas finales
Para quienes deseen presentar objeciones al pacto o decidan excluirse voluntariamente de la demanda, el plazo máximo vence el 29 de mayo de 2026. Posteriormente, se llevará a cabo una audiencia de validación definitiva programada para el 23 de junio de 2026.
La distribución de los pagos no será inmediata; se efectuará una vez que exista una ratificación judicial en firme y se resuelva cualquier recurso de apelación que pudiera presentarse durante el proceso. Finalmente, si después de repartir el dinero quedara un excedente, este no retornará a las arcas de Google. Dichos fondos se redistribuirán entre los beneficiarios o serán entregados a organizaciones sin fines de lucro previamente aprobadas por el tribunal.
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