Luego de que se hiciera efectivo el levantamiento de las jornadas de protesta campesina el pasado martes 14 de abril en los departamentos de Santander, Boyacá y Norte de Santander, el clima político en Colombia continúa agitado. El foco de la controversia se centra en las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien utilizó su cuenta oficial en la plataforma X para señalar a los alcaldes y concejos municipales como responsables de los incrementos en las tarifas del impuesto predial, otorgándoles un plazo perentorio para dar soluciones a la ciudadanía.
Tensiones institucionales por el avalúo catastral
El mensaje del mandatario, difundido el lunes 13 de abril mientras se desarrollaban las manifestaciones por la actualización del avalúo catastral, contenía advertencias directas hacia los gobernantes locales. Esta postura del Ejecutivo no tardó en generar una ola de rechazo en diversos sectores, especialmente en el entorno jurídico del país, donde se interpretaron sus palabras como una presión indebida sobre la autonomía regional.
Para contextualizar la situación, el presidente Petro sostuvo que las alzas en los avalúos catastrales no son facultativas, sino que responden a estrictos mandatos legales y a obligaciones derivadas del acuerdo de paz. En su defensa, el jefe de Estado subrayó que la competencia final para determinar las tarifas del impuesto predial recae sobre los entes municipales a través de sus respectivos cuerpos colegiados.
La respuesta de Mauricio Gaona
Ante este escenario de confrontación, el abogado constitucionalista Mauricio Gaona intervino para cuestionar la legalidad de las presiones presidenciales. Gaona fue enfático al recordar que la permanencia de un mandatario local en su cargo depende exclusivamente del mandato popular y los mecanismos judiciales establecidos, y no de la voluntad del gobierno central.
“El mandato de un funcionario elegido popularmente pertenece a los electores, no al gobierno. Su revocatoria revela el sistema aplicable: la dictadura acata la voluntad del gobernante; la democracia, el debido proceso y una sentencia judicial”
Finalmente, el experto en leyes concluyó su advertencia institucional con una frase que ha resonado con fuerza en el debate público: “No habrá dictadura constitucional”, marcando una posición firme frente a cualquier intento de destitución que ignore el debido proceso.
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