En una jornada clave para la justicia federal, el fiscal Gerardo Pollicita recibirá hoy el testimonio de Beatriz Viegas y Claudia Sbabo en los tribunales de Comodoro Py. Estas declaraciones se dan en el contexto de la investigación que busca esclarecer un posible enriquecimiento ilícito por parte del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Las testigos citadas son las jubiladas que habrían facilitado el financiamiento para la adquisición de una propiedad ubicada en la calle Miró al 500, dentro del barrio de Caballito, en la Ciudad de Buenos Aires. Esta transacción inmobiliaria fue realizada por el funcionario nacional en conjunto con su cónyuge, Bettina Angeletti.
De acuerdo con los registros oficiales, la operación de compraventa fue protocolizada el pasado 18 de noviembre de 2025, estableciéndose un monto total de 230.000 dólares. Según la documentación analizada, Manuel Adorni efectuó un pago inicial de 30.000 dólares, mientras que los 200.000 dólares restantes quedaron pendientes bajo un esquema de deuda con las vendedoras.
Como parte de las diligencias procesales, la fiscalía ha solicitado que tanto Viegas como Sbabo asistan con sus dispositivos móviles. El objetivo es que los peritos judiciales puedan realizar un análisis exhaustivo de los registros de llamadas, servicios de mensajería, archivos de audio, correos electrónicos y fotografías que pudieran estar vinculados a las transacciones bajo sospecha.
Cronograma de testimonios adicionales
La agenda judicial continuará activa durante la próxima semana. Para el lunes 20, a partir de las 9:00 horas, han sido convocados Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi, quienes son los propietarios de la firma inmobiliaria que gestionó la operación en Caballito.
Posteriormente, el miércoles 22 de abril, se presentará Pablo Martín Feijoo, hijo de la vendedora Beatriz Viegas. Sobre este punto, la escribana Adriana Nechevenko ha aportado información relevante al señalar que Feijoo mantiene un vínculo de amistad con Adorni derivado de la asistencia de sus hijos a la misma institución educativa.
Bajo este argumento de confianza mutua, la notaria justificó que las jubiladas otorgaran una hipoteca por el plazo de un año y sin intereses al funcionario. Adicionalmente, el testimonio del exfutbolista Hugo Morales, quien fuera el titular original del departamento, indica que fue Feijoo quien inicialmente realizó la reserva del bien para que su madre concretara la compra definitiva.
La investigación también extiende sus alcances hacia otra propiedad vinculada al jefe de Gabinete situada en el country Indio Cuá. En este apartado de la causa, se espera la declaración de Juan Ernesto Cosentino, anterior propietario del inmueble, y de Matias Tabar, el contratista responsable de las obras de remodelación.
El fiscal Pollicita ha instruido a Tabar para que presente ante el juzgado toda la documentación pertinente, incluyendo presupuestos, órdenes de trabajo y detalles de adicionales de obra, con el fin de cuantificar económicamente las mejoras realizadas en dicha vivienda.
Antecedentes y medidas judiciales
El expediente por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni se nutrió inicialmente de denuncias relacionadas con un traslado en avión privado hacia Punta del Este, sumado a presuntas contradicciones detectadas en sus presentaciones patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción.
Dentro de la trama de deudas declaradas, las agentes policiales Isabel Molina y Victoria María José Cancio ratificaron ante la justicia la existencia de una acreencia por 70.000 dólares más intereses vinculada a otra vivienda en la calle Asamblea al 1100. Según confirmaron, dicho compromiso financiero expira en noviembre del presente año.
En virtud del avance de la causa, el juez Ariel Lijo ha dictaminado la apertura del secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni, de su esposa Angeletti y de las cuatro mujeres que figuran como sus acreedoras.
Finalmente, el Ministerio Público ha instado a la ARCA para que remita informes sobre el perfil patrimonial de las involucradas. La intención es verificar si las vendedoras contaban con la capacidad financiera suficiente para otorgar los créditos e hipotecas que se detallan en la investigación judicial.
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